El gobierno mexicano ha hecho caso omiso de los informes nacionales e internacionales que advierten sobre la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos en el país, con centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros crímenes de lesa humanidad, y por ende, no ha realizado acciones efectivas para detener este fenómeno.

Así lo advirtió el informe 2012 de Amnistía Internacional (AI), denomnado El estado de los derechos humanos en el mundo, donde se afirma que buena cantidad de dichas violaciones se han cometido con el apoyo, la complicidad o la aquiescencia de las fuerzas oficiales de seguridad.

En el apartado sobre México, la organización afirmó que como parte de la guerra contra el narco, más de 12 mil personas perdieron la vida en 2011 –entre ellos más de 40 soldados y 500 policías–, aunque la gran mayoría de estos casos no se investigaron.

Además, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en las morgues del país todavía hay 8 mil 898 cadáveres sin identificar, y se ha denunciado la desaparición de 5 mil 397 personas desde inicios del sexenio.

Persisten asesinatos y torturas

AI, con sede en Londres, señaló que durante el año pasado siguió recibiendo información según la cual las bandas criminales, el Ejército y la policía habían matado a un número creciente de personas sin relación alguna con los cárteles.

Frente a ello, las autoridades insistieron en que los abusos eran casos excepcionales, y que los culpables eran castigados, aunque se demostró que en todo 2011 hubo un solo caso en el que personal militar compareció ante la justicia por el asesinato de dos mujeres y tres niños en un retén en el estado de Sinaloa.

Pese a lo crítico de la situación, “el gobierno hizo caso omiso de los informes generalizados sobre violaciones graves de derechos humanos –torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza– cometidas por el Ejército, y de forma creciente por personal de Marina”.

Con respecto al sistema de justicia penal, AI indicó que las reformas en este campo avanzaron con suma lentitud, por lo que siguieron ocurriendo detenciones arbitrarias, falsificación de pruebas, faltas al debido proceso, negación del acceso a una defensa efectiva y órdenes de arraigo que facilitan la tortura y los malos tratos. Asimismo, en lo que se refiere a los migrantes indocumentados el informe alertó que decenas de miles de ellos todavía corren el riesgo de ser secuestrados, violados, reclutados por la fuerza o asesinados por bandas delictivas, que actuaban a menudo en colusión con funcionarios públicos.

Aunque el organismo internacional saludó la aprobación de leyes que benefician a los refugiados y a los migrantes, también advirtió que los reglamentos necesarios para garantizar su aplicación efectiva siguen pendientes o se realizaron sin consultar a las organizaciones civiles especializadas en el tema.

Citando cifras de la CNDH, AI informó que al menos nueve periodistas murieron de forma violenta y decenas más sufrieron ataques e intimidación durante el año pasado, pero dichas agresiones se mantuvieron en total impunidad. Por otro lado, más de 20 defensores de derechos humanos fueron objeto de amenazas o ataques en 2011.