Londres, 23 de mayo. La agenda de los derechos humanos registró avances en América Latina, aunque sigue sufriendo fuertes bloqueos cuando topa con poderosos intereses o pone en tela de juicio políticas de desarrollo que provocan marginación social, señala el informe anual de 2011 de AI.

El informe El estado de los derechos humanos en el mundo, destaca que la demanda de respeto por esos derechos se hizo oír en toda la región en 2011: en los tribunales nacionales, en el sistema interamericano y en las calles. No obstante, lamenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya sido acusada por algunos estados de injerencia.

Dice que el dominio de la impunidad sigue prevaleciendo en países de Centroamérica, en Venezuela y Brasil. Cita a grupos vulnerables como los migrantes –entre ellos mujeres y niños–, en particular los centroamericanos que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, a quienes a menudo se les niega protección.

Hace énfasis en que se ha seguido explotando motivos legítimos de preocupación sobre la seguridad pública al ignorarse atropellos a los derechos humanos cometidos por los militares en el contexto de la lucha contra el crimen. Las comunidades más pobres y marginadas fueron por lo general las más expuestas a estos abusos.

Obstáculos a la justicia

AI menciona que muchos casos avanzaron con lentitud ante obstáculos para un acceso significativo a la justicia, por falta de independencia del Poder Judicial y la disposición de sectores de recurrir a medidas extremas para evitar la rendición de cuentas y proteger intereses creados de carácter político, delictivo y económico.

Refiere entre las dificultades en el respeto a los derechos humanos, los homicidios y amenazas a defensores, testigos, abogados, fiscales y jueces en países como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela.

Con todo, elogia a Perú por una ley que obliga a empresas a consultar a comunidades antes de llevar a cabo labores extractivas en su territorio, así como otros avances significativos en el enjuiciamiento e investigación de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado.

Por ejemplo, destaca la condena en Argentina contra el ex capitán de la marina Alfredo Astiz por crímenes, torturas y secuestros durante la dictadura militar de 1976 a 1983, entre otros casos.

En Brasil, resalta la creación de la Comisión de la Verdad para investigar delitos cometidos durante el régimen castrense de 1964 a 1985, y medidas de justicia contra militares en Colombia y Bolivia.