La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tardará al menos dos meses para dar a conocer si se violaron las garantías del general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, al no permitir que sus abogados lo asistieran durante las diligencia realizadas en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), en las que se le acusa de estar relacionado con grupos del crimen organizado.

En tanto, el abogado defensor Alejandro Ortega Sánchez denunció que aun cuando su cliente ya se encuentra bajo arraigo, la Procuraduría General de la República (PGR) le ha impedido hablar con él, lo que constituye una grave violación a sus garantías y derechos humanos.

Leticia Zepeda y Adriana Ángeles, esposa e hija del militar, indicaron que solicitará a la PGR que exhiba los originales de las pruebas que dice tener, porque podemos mostrar públicamente los documentos que acreditan lo que tenemos en dos cuentas bancarias y que las propiedades que poseemos son dos viviendas de interés social adquiridas con créditos del Isssfam y una casa que fue herencia.

Comparten habitaciones

Los generales Ángeles Dauahare y Dawe González fueron colocados en habitaciones con otros arraigados que también son investigados por delincuencia organizada, y de acuerdo con información obtenida de la PGR, en los cuartos, donde pasan la mayor parte del tiempo, al servir éstos de celdas, comparten la estancia con otras personas.

En tanto, el primer visitador general de la CNDH, Luis García López-Guerrero, informó que ha empezado a analizarse el caso del general Ángeles, y en un par de meses como mínimo se tendrían resultados que permitirían saber si hubo incomunicación y violaciones al debido proceso contra el militar retirado. Señaló que el organismo ya solicitó información a la PGR sobre la forma en que fue detenido Ángeles y si se le facilitó comunicación con su abogado y sus familiares.

En la queja que interpuso el pasado 16 de mayo, el abogado del general señaló que su cliente fue detenido sin citatorio y llevado a la Siedo, donde no le permitieron el acceso a su defensor, explicó García López-Guerrero en entrevista con La Jornada.

En tanto, el general Ricardo Escorcia Vargas continúa a disposición de la Siedo y este sábado podría ser notificado de que también será arraigado 40 días.