10 días de que se celebraron las elecciones generales en Grecia, los principales líderes partidistas de ese país acordaron la realización de nuevos comicios para el próximo 17 de junio, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo para construir un gobierno de unidad. Debe recordarse que los comicios efectuados el pasado 6 de mayo se saldaron con una debacle electoral de los dos partidos tradicionalmente mayoritarios, el Movimiento Socialista Panhelénico (Pasok) y el derechista Nueva Democracia –acusados por la población de haber fraguado la crisis griega en las décadas que se alternaron el poder–, y con una atomización del voto que derivó en la incapacidad de conformar una mayoría parlamentaria estable. Posteriormente, las negociaciones encabezadas por el presidente griego, Karolos Papulias, resultaron fallidas ante la negativa de la coalición de izquierda Syriza –segunda fuerza más votada, con 52 diputados– a formar un gobierno de unidad que se pliegue a los dictados de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

Con el nuevo llamado a las urnas en Grecia se confirma, pues, una perspectiva de ingobernabilidad que deja al país helénico a la deriva económica y política, en momentos en los que se agudiza la crisis financiera y crecen las presiones de los líderes de la eurozona, quienes el pasado lunes afirmaron que, en caso de no respetar escrupulosamente las condiciones del plan de rescate internacional, el país helénico deberá salir del euro, por más que una decisión semejante representaría un elemento desestabilizador para el conjunto de economías europeas que han adoptado la divisa común.

La crisis política que se vive en el parlamento griego no es más que una consecuencia del hartazgo de una población obligada a cargar con los costos de la irresponsabilidad y la corrupción de sus autoridades y de las sucesivas turbulencias financieras, tanto exógenas como endógenas: eliminación de empleos, congelamientos salariales, afectación de los programas agrarios, alimentarios, de salud, de vivienda, de educación y de cultura. Así, la incapacidad de la clase política por conformar una mayoría parlamentaria y la consecuente necesidad de convocar a nuevos comicios equivale a una forma de desahogo social de los griegos frente a sus representantes y autoridades.

Es inevitable contrastar, el caso de Grecia con el de España, país este último en el que el curso de zozobra económica no luce tan pronunciado como el de la nación helénica, pero cuya población enfrenta un panorama igualmente o más desolador.

En efecto, habida cuenta de la aplastante victoria obtenida por el Partido Popular en las elecciones de noviembre pasado; del consecuente arribo de Mariano Rajoy a La Moncloa y del anuncio formulado por éste de que habrá más reformas y ajustes cada viernes, la población de ese país no parece tener, durante los próximos cuatro años, otra alternativa que padecer recortes más severos en materia de educación y salud, un mayor retroceso en el Estado de bienestar que se había venido construyendo desde el fin de la dictadura, y un agravamiento del desempleo en ese país.

Así, en forma paradójica, la aparente solidez de la institucionalidad política española en comparación con la griega puede derivar en un factor de debilidad: mientras el descontento, la inconformidad y el caos que se viven en las calles de Grecia se han expresado en la imposibilidad de construir una mayoría parlamentaria en ese país, las muestras de indignación que han proliferado en meses recientes en España no parecen disponer de cauce institucional alguno para manifestarse, y ello coloca a la nación peninsular en el riesgo de una desestabilización política vasta e indeseable.