La Secretaría de Gobernación (SG) –coordinadora del gabinete de seguridad nacional– blindó los operativos federales que están en marcha en las entidades más violentas para garantizar su aplicación hasta el 30 de noviembre próximo, último día del sexenio de Felipe Calderón.

Pese al aumento del número de homicidios y de los constantes hallazgos de cadáveres (como la ola más reciente de decapitados en Nuevo León), los funcionarios aseguran que debido a la presencia de uniformados federales hay una reducción sistemática de los delitos en las zonas donde los militares han llegado.

Por razones de seguridad, el número de enviados se mantienen en reserva, aunque cálculos extraoficiales difundidos por la prensa sostienen que son cerca de 50 mil quienes en conjunto estarían asignados actualmente a esos operativos que bajo diversas denominaciones están en marcha desde diciembre de 2006.

Actualmente habría unos 9 mil integrantes de la Secretaría de Marina en esas funciones y un número no específico (también miles) de policías federales asignados a zonas con crecientes niveles de delitos federales y del orden común, regularmente adjudicados a disputas entre grupos del crimen organizado.

En este contexto, el titular de la SG, Alejandro Poiré, fue el responsable de ampliar en días pasados las movilizaciones más importantes –por el número de efectivos y los rasgos de violencia en cada región–, como Coahuila-Durango (Comarca Lagunera), Noreste (Tamaulipas y Nuevo León) y Guerrero Seguro.

Sobre este último punto se firmaron documentos para asegurar que las acciones coordinadas por el gobierno federal no sean suspendidas por coyunturas políticas o electorales.

El funcionario expresó el 26 de abril pasado que la seguridad es indispensable para garantizar los derechos de los ciudadanos, por lo que no será postergable para el gobierno federal.

De esta forma, el gobierno calderonista cerrará la pinza de los operativos, que comenzaron 11 días después de que Calderón llegó a Los Pinos.

El 11 de diciembre de 2006 puso en marcha un operativo en Michoacán. A partir de entonces prácticamente en todas las entidades del país, incluida la capital, se han aplicado ese tipo de programas, los cuales han cambiado de nombre, aunque la constante es la coordinación de un ente federal.

Por ejemplo, en Veracruz la responsable es la Secretaría de Marina; en Guerrero, Seguridad Pública Federal, y en la Comarca Lagunera y Morelos es la Sedena la que define las movilizaciones estratégicas.

Una de las principales rutas se desplegó en marzo de 2008 con el inicio del Operativo Conjunto Chihuahua para combatir el crimen y la inseguridad pública, así como el elevado nivel de ejecuciones, “derivado principalmente de la disputa que mantienen por el control de la zona grupos locales de los cárteles de Juárez y Pacífico, además de la presencia de algunas células de Los Zetas, especialmente en Ciudad Juárez”.