Nueva York, 15 de mayo. Casi nadie recuerda que el 7 de diciembre de 1989 el estado de Texas ejecutó a Carlos DeLuna, latino acusado de matar con un cuchillo a Wanda López durante un robo a una gasolinera en Corpus Christi en 1983, pero ahora una investigación independiente presenta la evidencia más extensa jamás elaborada de que un hombre inocente fue asesinado por las autoridades.

Después de que la Suprema Corte anuló una moratoria a las ejecuciones, Texas –entre otros estados– reinició su implementación. Desde entonces, la entidad ha ejecutado a 482 personas, cuatro veces más que cualquier otro estado. El debate sobre la pena máxima continúa mientras más de 3 mil reos –incluidos 58 mexicanos– en las filas de la muerte en este país son ejecutados en Texas, Virginia y 31 estados de la unión, un total de mil 295 (entre ellos, ocho mexicanos) desde 1976.

Aunque críticos han reiterado innumerables veces que, además de la brutalidad de la práctica (la cual ha sido abandonada por buena parte del mundo civilizado (unos 20 países realizaron ejecuciones en 2011 y Estados Unidos ocupa el quinto lugar entre los que más ejecutan, reportó Amnistía Internacional), las ejecuciones son un castigo que se impone en casos frecuentemente viciados por procesos legales con fallas graves y en los que no hay forma de garantizar que el Estado no está cometiendo un error irreversible. Pero sus promotores insisten en que es una pena necesaria para responder a crímenes extremos y que hoy el sistema de justicia ofrece múltiples avenidas para asegurar que los ejecutados sean merecedores de su destino.

De hecho, como recuerda The Guardian, uno de los jueces de la Suprema Corte, Antonin Scalia, afirmó hace unos años que no había un solo caso en donde estuviera claro que una persona fue ejecutada por un crimen que no cometió.

Pero hoy se publicaron en la influyente Columbia Human Rights Law Review (ocupa el número completo y llega a 436 páginas) los resultados de la amplísima investigación realizada a lo largo de seis años por el profesor de leyes de la Universidad de Columbia, James Liebman, y un equipo de 12 estudiantes sobre el caso de DeLuna, mostrando con datos precisos y a detalle cómo Texas ejecutó a un inocente.

Lo que descubrieron al examinar todas las pruebas, testimonios, entrevistas con más de cien testigos del caso, y evaluar cientos de documentos de primera mano, fotos y todo el material vinculado al proceso, es que todo estaba mal. Además, desde el momento que se arrestó a DeLuna hasta momentos antes de su ejecución, él insistió en su inocencia. El profesor Liebman concluyó que DeLuna era inocente y fue condenado erróneamente con base en la evidencia más mínima: una identificación nocturna de un solo testigo y sin ninguna comprobación forense.

DeLuna afirmó que el culpable era un tal Carlos Hernández –su tocayo que se parecía mucho al acusado– pero los fiscales argumentaron que esa persona no existía, aunque era bastante conocido por las autoridades dado su historial de crimen violento que incluía robos armados y hasta un homicidio parecido al caso en el cual se culpaba a DeLuna. No sólo eso, sino que la investigación del equipo de Liebman descubrió que Hernández, en múltiples ocasiones, se atribuyó el homicidio y se burló de que DeLuna fuera responsabilizado del delito.

No es el primer caso en que se han logrado establecer pruebas que ponen en duda una pena de muerte. Según el Death Penalty Information Center, desde 1973 más de 130 personas han sido liberadas de las filas de la muerte por evidencia que prueba su inocencia. Pero nunca antes se había realizado una investigación tan extensa como la publicada hoy sobre el posible asesinato de un inocente por el Estado. El editor de la revista, al presentar la edición especial, señala que este trabajo es una respuesta, mínimo, a la pregunta sobre si es posible que un hombre inocente pudiera haber sido ejecutado en Estados Unidos.

Se puede ver informe completo en: www3.law.columbia.edu/hrlr/ltc/