Cerca de cumplirse 12 años de la nunca aclarada matanza de siete policías en Las Limas, entre Simojovel y El Bosque, al norte de los Altos de Chiapas, crece el clamor por la liberación del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, el único acusado y sentenciado por el crimen. Esto, contra toda evidencia, y los numerosos testimonios directos que avalan la inocencia del más importante preso de conciencia en México.

Actualmente está en manos del presidente Felipe Calderón otorgarle el indulto. Agotadas las alternativas judiciales, condenado por el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía en 2002, incumplidos los compromisos de liberarlo del gobernador Juan Sabines Guerrero, desterrado Patishtán a un penal federal para criminales peligrosos en Guasave, Sinaloa, y ahora en riesgo de terminar en la isla mayor de las Islas Marías en la súper cárcel que construye el gobierno federal, sólo una acción humanitaria del Ejecutivo federal podría rescatar del horror al docente indígena y defensor de los derechos humanos, quien a su vez cumplirá el 19 de julio 12 de los 60 años a que está condenado: una cadena perpetua.

El mejor argumento en favor de Patishtán es la historia misma de aquel crimen, que en Chiapas muchos pretenden olvidar. En la actualidad puede sonar normal que sean acribillados un comandante de la policía estatal (Francisco Pérez Morales) y el de la municipal, en este caso de El Bosque (Alejandro Pérez Cruz), pero en junio de 2000 resultaba excepcional y grave. Perecieron cinco agentes más, mientras patrullaban el tramo carretero Lagunas en un vehículo oficial conducido por Rosemberg Gómez, hijo del entonces alcalde priísta Manuel Gómez Ruiz, quien sobrevivió al ataque y dio el único testimonio que incriminaba a Patishtán; tiempo después un juez lo consideraría insostenible al liberar a otro acusado, el indígena zapatista Salvador López González.

El procurador estatal Eduardo Montoya Liévano, durante el gobierno de Roberto Albores Guillén, se obstinaba en incriminar al EZLN, en el contexto de la abierta guerra de contrainsurgencia que se libraba en El Bosque contra las abrumadoramente mayoritarias bases zapatistas y el municipio autónomo San Juan de la Libertad. El 10 de junio de 1998, policías estatales y federales, el Ejército y los paramilitares de Los Plátanos atacaron las comunidades Unión Progreso y Chavajeval, matando a una decena de indígenas zapatistas y oficialistas. La presidencia municipal de El Bosque, ocupada por el consejo autónomo de los rebeldes, fue desalojada violentamente, y el ayuntamiento popular encarcelado. Albores lo llamaba desmantelar municipios autónomos. Ese año lo hizo con otros dos en la selva Lacandona. En El Bosque instaló como alcalde a su incondicional Manuel Gómez Ruiz, considerado espurio por la mayoría de la población, incluyendo los no zapatistas.

Alberto Patishtán GómezFoto La Jornada

Hacia 2000, antes de las elecciones que desplazarían al PRI de los gobiernos federal y estatal, era notable la descomposición institucional en El Bosque, tras dos años de militarización y contrainsurgencia. El trasiego impune de estupefacientes de Huitiupán hacia El Bosque estaba en boca de todos. Sin embargo, al parecer no se consideró como línea de investigación la probable participación de paramilitares u otra expresión armada, y menos del propio gobierno municipal. Al contrario, la pieza clave fue el sobreviviente Rosemberg y su categórica afirmación de que vio a Alberto Patishtán ponerse delante del vehículo apuntándole con un AK-47, mientras otros sicarios baleaban la patrulla policiaca.

A nadie le pareció importante preguntarse qué hacía ese muchacho, hijo del alcalde, manejando para la policía estatal en lo que se describió siempre como un patrullaje de rutina. Años después, al calor de las copas, Rosemberg solía reconocer, arrepentido, que mintió por instrucciones de su padre, y que de premio recibió una camioneta nueva.

Mucho menos se dio importancia a la existencia de otro testigo sobreviviente, el agente estatal Belisario Gómez Pérez, quien antes de desaparecer del mapa (él y sus testimonios) sostuvo consistentemente que la emboscada fue realizada por tiradores ocultos y que no pudieron ser vistos por la patrulla. Nunca aceptó haber visto a Patishtán o al zapatista acusado en el lugar de los hechos.

Las investigaciones federales tampoco exploraron entre los móviles alguna diferencia interna. Cuando el EZLN dio a conocer su investigación, el subcomandante Marcos destacó que la acción fue realizada por tiradores profesionales que debían contar con información interna sobre el patrullaje. Pero no, el procurador Liévano Montoya y los tribunales quisieron acreditar una presunta venganza de los zapatistas, o bien un desbordamiento de la existente oposición de los pobladores de El Bosque al gobierno corrupto de Gómez Ruiz; en ella participaban, pública y abiertamente, Alberto Patishtán y el magisterio sindicalizado de la zona.

Sólo él cargó con la masacre, aunque había al menos 10 testimonios de que al momento de la emboscada el acusado se encontraba en otro lugar, realizando actividades educativas con padres de familia y personal docente. Testimonios que hoy siguen en pie, de personas identificadas y dispuestas a declarar ante cualquier autoridad.