a transferencia de acciones de Mexicana de Aviación que se concretó ayer entre Tenedora K y Med Atlántica –con lo que el segundo de esos grupos se convierte en el nuevo propietario de la aerolínea– rompe el impasse en que se había colocado el concurso mercantil de la compañía y abre de nueva cuenta la perspectiva de un reinicio de operaciones, suspendidas hace más de 20 meses en perjuicio de los trabajadores, de los usuarios del transporte aéreo y del país en general.
Ciertamente, sería apresurado asegurar que ese intercambio accionario asegura el regreso de Mexicana al espacio aéreo. Como afirmó el representante del nuevo dueño de la aerolínea, Christian Cadenas, para lograr ese objetivo se requiere dar pasos previos, como la liquidación de adeudos con acreedores y la obtención del certificado de operador aéreo, que debe ser entregado por la Secretaría de Comunicaicones y Transportes. Por su parte, los dirigentes de los sindicatos de pilotos, Fernando Perfecto, y sobrecargos, Ricardo del Valle, manifestaron reservas respecto de la disposición de funcionarios de esa dependencia federal para que la línea aérea más antigua del país pueda volver a despegar.
Tal mesura está más que justificada si se toma en cuenta que la razón principal de que Mexicana no haya reiniciado operaciones no es la falta de inversionistas interesados ni de voluntad de los trabajadores, sino el accionar poco transparente del gobierno federal. A la actitud omisa de las autoridades para investigar y sancionar las prácticas empresariales que llevaron a la aerolínea de la bonanza económica a la quiebra en muy pocos años, y para intervenir en su salvamento una vez que se declaró su inviabilidad financiera, se suma la propensión de funcionarios del gobierno calderonista –denunciada por los trabajadores y por el propio juez Felipe Consuelo Soto– a disuadir, por medio de presiones y hasta amenazas, a los potenciales inversionistas de recapitalizar la compañía.
Con tales prácticas de las autoridades, la opinión pública se pregunta, y con razón, si la falta de solución al conflicto de la aerolínea no se debe a un empeño gubernamental por impedir desde los despachos de la SCT el rescate de la compañía, y por fortalecer así a sus competidoras nacionales y a consorcios aéreos foráneos.
Si Mexicana ha podido eludir hasta ahora el escenario de una quiebra definitiva, ello se debe, fundamentalmente, al inquebrantable compromiso de sus trabajadores y al desempeño decoroso mostrado por el juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo, quien durante todo este tiempo ha dado muestras de su disposición a emplear los recursos legales a su alcance para conseguir el reinicio de operaciones de Mexicana y ha exhibido, con ello, voluntad para anteponer el bien común a las presiones y los intereses particulares.
El gobierno federal, por su parte, tiene ante sí una nueva oportunidad de revertir la referida percepción: para ello es necesario que brinde todas las facilidades a su alcance para concretar, cuanto antes, el retorno de Mexicana al espacio aéreo. Cabe esperar que la aproveche.
