Las reformas al artículo 27 constitucional no derivaron en la venta masiva de tierras ejidales y comunales, pero no se ha frenado que 11 millones de hectáreas estén en el mercado, dijo Héctor Robles Berlanga, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, al participar en el foro El mercado de tierra en México, que organizó el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

Sostuvo que la venta de las parcelas está vinculada con la migración y la baja rentabilidad de la actividad agrícola. Un elevado número de dueños de los predios prefieren rentar, que correr los riesgos de perder sus cosechas por situación climatológica o por la debacle de los precios.

Antes de la reforma de la ley agraria, en 1992, los campesinos ya vendían o rentaban sus tierras; se pensó que a partir de las modificaciones legales la propiedad social prácticamente desaparecería. La compra venta de tierras se ha generalizado, pero predominan las transacciones entre los ejidatarios y comuneros, y sólo 33 por ciento de ellas se lleva a cabo con personas ajenas a los núcleos agrarios.

A dos décadas de la reforma agraria surgieron dos nuevos fenómenos: la feminización del campo, pues un millón 165 mil mujeres tienen reconocidos sus derechos ejidales, y el aumento de la migración, que a su vez generó un estancamiento en el relevo generacional de los productores, dijo.

El antropólogo José Luis Tapia expuso que en la Huasteca hidalguense prevalece la confianza en las transacciones, y el costo de las tierras pasó de mil 500 a 15 mil pesos por hectárea. En tanto, los ejidatarios de Tizayuca, Tamascaltepec y Tecámac –en los límites de los estados de México e Hidalgo– vendieron casi la totalidad de sus tierras.