l pasado martes, en el contexto de una conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Economía, Bruno Ferrari, criticó que el país deba destinar anualmente 5 mil 400 millones de dólares por intereses para el pago de una deuda externa contratada por políticos ladrones.

Si se toma en cuenta que tales pronunciamientos se produjeron en plena campaña electoral, y a pregunta expresa sobre su opinión del tratamiento de los temas económicos en el primer debate presidencial, los señalamientos de Ferrari adquieren un sentido distinto del de una simple crítica a los gobiernos del pasado. El carácter inequívocamente electorero del comentario es tan palmario, que incluso el aspirante presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, respondió al titular de Economía. Dijo que las críticas citadas son signos de desesperación de la actual administración federal y sostuvo que el gobierno que le ha fallado al pueblo de México es el de los últimos 12 años.

Así pues, con pronunciamientos como los señalados el actual gobierno federal da una nueva muestra de su propensión a entrometerse en procesos comiciales, con miras a apuntalar a candidatos de su partido o bien de afectar a organizaciones opositoras. Semejante comportamiento no sólo es contrario a las estipulaciones legales vigentes en la materia y a los más elementales principios de decoro republicano y respeto a la investidura de autoridades y funcionarios, sino que puede contribuir a enrarecer el panorama electoral, como ocurrió hace seis años, a erosionar más la confiabilidad de los procesos comiciales y mermar la de por sí castigada credibilidad de las instituciones encargadas de organizarlos.

Por lo demás, en sus pronunciamientos, tanto el funcionario panista como el político priísta eludieron un punto central: la práctica inexistencia de consecuencias penales o administrativas con que se han saldado los episodios de presunta corrupción y manejo ilícito de los recursos públicos por gobernantes, funcionarios o personas de su círculo cercano. En efecto, en años y décadas anteriores la sociedad ha debido padecer episodios de corrupción y encubrimiento como los cometidos por el ex jefe policial Arturo Durazo, bajo la gestión de José López Portillo, o por Raúl Salinas de Gortari en tiempos en que su hermano Carlos detentaba el cargo de presidente de la República, por citar dos de los ejemplos aludidos por el propio Bruno Ferrari. Pero otro tanto puede decirse de la cobertura que otorgó el foxismo al presunto tráfico de influencias en que incurrieron los hijos de Marta Sahagún para beneficiar a sus empresas, o la tolerancia mostrada por el gobierno actual ante la opacidad en el manejo del presupuesto y de los recursos excedentes petroleros que caracterizaron a la primera administración federal panista.

En cuanto a las críticas de Ferrari por los costos que siguen teniendo para México los malos manejos de gobiernos anteriores, resulta difícil imaginar una medida más nociva, costosa e inmoral que la aprobación del Fobaproa-Ipab, legalizado por los legisladores priístas y panistas en el sexenio de Ernesto Zedillo, en cuyo contexto se llevaron a cabo desfalcos que hasta la fecha no han sido aclarados y que la sociedad sigue pagando.

En suma, la omisión de consideraciones como las referidas por Ferrari y Peña Nieto provoca que el intercambio declarativo entre ellos resulte poco verosímil, si no es que inadmisible. En efecto, el país vive desde hace mucho en un pantano de corrupción e impunidad, pero ello sólo es explicable en función de la continuidad en la vieja cadena de encubrimiento y hasta de complicidad transexenal que caracterizó a los gobiernos priístas, y que se ha mantenido intacta con todo y el cambio de siglas y de colores operado en Los Pinos hace casi 12 años.