Frente al secuestro, la desaparición forzada y el asesinato de miles de migrantes indocumentados que atraviesan el país todos los años, las autoridades mexicanas han mantenido una actitud omisa y negligente, sin investigar dichos crímenes ni ayudar a los familiares de las víctimas, e incluso manteniendo relaciones de complicidad con grupos de delincuentes.

Así lo afirmaron activistas de diversas organizaciones sociales, quienes presentaron ayer el Cuaderno sobre secuestro de migrantes, informe editado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Casa del Migrante de Saltillo.

El texto, que reúne 33 testimonios de migrantes que fueron privados de la libertad, significa una página de terror que avergüenza al país y su objetivo es denunciar que mientras aumenta la migración, se acrecienta también el crimen maldito del secuestro, señaló Pedro Pantoja, director del mencionado albergue.

Ante el panorama de más de 20 mil migrantes secuestrados cada año durante su paso por México –según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, cada vez queda más claro que el gobierno no hace lo suficiente para detener esta ola criminal y, por el contrario, en muchas ocasiones lo ordena o simplemente deja que suceda, lamentó el religioso.

Una muestra de ello es que hace apenas tres días fueron secuestrados 18 trabajadores indocumentados en Piedras Negras, Coahuila, ante la obvia complicidad de la policía local, cuyos agentes saben dónde están las casas de seguridad de los grupos del crimen organizado, subrayó. Después de leer estas historias de terror, cualquier análisis sobra. Estamos viviendo una salvaje tragedia humanitaria.

La abogada Ana Lorena Delgadillo, asesora del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), señaló, por su parte, que la marcha de madres y familiares de migrantes desaparecidos –iniciada el martes en Chihuahua, y que llegará hoy a la ciudad de México– es una muestra de la indiferencia con que estas víctimas han sido tratadas por los gobiernos estatales y federal.

En el fenómeno de los secuestros y las desapariciones forzadas, dijo, el Estado mexicano no sólo es partícipe de los delitos, sino que además ni siquiera hace el menor esfuerzo por encontrar los restos de los migrantes asesinados, lo cual refuerza la impresión de que no puede o no quiere hacerlo, advirtió.

Finalmente, Verónica Coronilla y María Ángela Juárez, esposas de migrantes desaparecidos luego de salir de la comunidad de San Luis de la Paz, Guanajuato, relataron la indolencia de las autoridades de los tres niveles cuando presentaron ante ellas la denuncia de lo ocurrido. El gobierno no nos da respuestas, sólo habla de recuperar cuerpos cuando nosotras queremos que los busquen vivos, indicaron.