se viernes 19 de diciembre de 2008, Dan Jeremeel Fernández Morán debió recoger a su hija en casa de una compañera. Después quedó en pasar a buscar a Yolanda Morán, su mamá, a la estación de autobuses de la ciudad de Torreón. Nunca llegó por ellas. Desde entonces se desconoce su paradero.

Dan Jeremeel laboraba de ejecutivo de la aseguradora ING Afore en el estado de Coahuila. En esa entidad tenía su residencia. La última persona en verlo fue Monserrat Díaz, su compañera de trabajo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, ella fue a buscarlo a su casa para cobrarle un dinero.

La familia de Dan comenzó a vivir un penoso calvario. Lo buscó infructuosamente en hospitales y en la cárcel municipal. Yolanda Morán presentó una denuncia por desaparición en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila. No tuvo respuesta.

El 4 de febrero, la madre de Dan Jeremeel fue informada por la policía de que un secuestrador había sido detenido con el automóvil de su hijo. En la guantera del coche encontraron tarjetas de presentación de la aseguradora ING Afore. El detenido era el teniente de caballería Ubaldo Gómez Fuentes, adscrito al área de inteligencia de la 11 Región Militar en Torreón.

El teniente Gómez delató a cinco cómplices. Las autoridades capturaron a tres de ellos: dos hombres y una mujer que trabajaba de dentista. Dos militares más, el teniente de infantería Ricardo Albino Navarro y el también teniente Miguel Ángel Lara, quedaron prófugos.

Los cuatro detenidos fueron trasladados al Cereso de Torreón. Apenas una hora después de llegar, un comando armado entró al área varonil del penal, golpeó y mató a Ubaldo y a sus dos cómplices varones, roció con gasolina los cuerpos y les prendió fuego. De paso, los integrantes del comando liberaron a nueve reos acusados de delincuencia organizada y narcotráfico.

Meses después, el 25 de marzo de 2010, fue detenido en la ciudad de México el teniente Ricardo Albino Navarro y trasladado al Cereso de Torreón. El 23 de abril fue asesinado en la cárcel.

¿Dónde se encuentra Dan Jeremeel Fernández Morán? ¿Está vivo o muerto? Si fue asesinado, ¿dónde fueron depositados sus restos? ¿Por qué fue desaparecido? A pesar del evidente involucramiento de militares en activo en su desaparición, las autoridades han sido incapaces de ofrecer una respuesta a estas interrogantes. Más aún, la información que han proporcionado ha sido contradictoria.

Trágicamente, el caso de Dan Jeremeel dista de ser un hecho aislado. Según reconoció recientemente el gobierno de Coahuila, mil 700 personas han desaparecido de manera forzada en la entidad desde el año 2000, y el número de casos va en aumento.

La situación va a peor. De acuerdo con Blanca Martínez, quien ha dedicado años a investigar desapariciones forzadas en ese estado, la asociación con la que ella trabaja documentó, con datos proporcionados por familiares directos de las víctimas, 118 denuncias en 2011 y ahora tienen 230. Lo mismo sucedió –explica– en Guanajuato, donde se reportaron 28 desaparecidos en 2011 y ahora hay 160. En Chihuahua y Nuevo León el promedio de mil desapariciones se mantiene. Sólo en Nuevo León, en los últimos meses se informó sobre 56 desaparecidos mas.

Ciertamente, las cifras no son precisas, aunque son dramáticas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre 2006 y 2011 se divulgó la existencia de 5 mil 400 casos de personas desaparecidas. Otros organismos hablan de 10 mil o de cantidades mucho mayores.

El hecho es tan grave que, en agosto de 2011, Javier Zúñiga, director de investigación del secretariado internacional de Amnistía Internacional, advirtió que México podría vivir una situación similar en materia de violación a los derechos humanos a lo que ocurrió en las dictaduras militares del cono sur en las décadas de los 70 y 80, sobre todo por la presunta responsabilidad del Ejército en las desapariciones forzadas.

México, informó el pasado mes de marzo Ariel Dulitzky, jefe del grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzada e involuntaria, no tiene un protocolo para el registro y la búsqueda de personas desaparecidas, carece de procedimientos sistemáticos para identificar cadáveres y tiene un problema crónico de impunidad. Las autoridades –aseguró– han mostrado poca voluntad para reconocer el problema e investigarlo.

Un estudio realizado por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, en coordinación con la organización de familiares Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, concluyó que sólo en uno de los 118 casos analizados hay algunos elementos para suponer que el objetivo de la desaparición pudiera haber sido el secuestro, pero en todos los demás casos no hubo solicitud de rescate.

Para romper el muro de silencio que se levanta sobre los miles de Dan Jeremeel, para desafiar el silencio impuesto o autoimpuesto, las madres de los desaparecidos partirán este martes 8 de mayo de Chihuahua y Nuevo León hacia la ciudad de México. A su paso se sumarán familiares de las víctimas de Coahuila, Guanajuato y Querétaro.

Ellas han bautizado su caravana con el nombre de Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas y buscando justicia. Demandan a la Procuraduría General de la República la búsqueda inmediata de sus seres queridos y garantías de seguridad a las familias de las víctimas. Buscan que todo el dolor que han vivido no sea inútil. Llegarán al Distrito Federal el 10 de mayo.

El país ha vivido mucho tiempo en silencio y es hora de hablar. Si, como han dicho las víctimas, hay daños que son irreparables, la dignidad es el punto de partida de todas las acciones de reparación. La marcha de la dignidad es un ejercicio de la memoria de la persistencia, de la memoria de la solidaridad; es una dramática advertencia de que el olvido no se debe instalar entre nosotros. Como escribió Roberto Bolaño: que la amnesia nunca nos bese en la boca, que nunca nos bese.