La Paz. El gobierno de Bolivia está acelerando la toma de control de los yacimientos mineros del país, como parte de un proceso de nacionalización de los recursos para aprovechar cuanto antes los altos precios de los metales. El presidente Evo Morales, que desde 2006 estatalizó los hidrocarburos, las telecomunicaciones y la electricidad, quiere que este año se apruebe una nueva ley minera que una comisión de autoridades, empresarios y trabajadores debate ya por un quinquenio. La nacionalización del sector a través de una reforma legal que busca devolver al Estado el control de las operaciones mineras, incrementar los ingresos fiscales y dejar un papel subordinado a las empresas privadas como socias en los proyectos, es un mandato de una nueva Constitución firmada por Morales en 2009. Mientras, los precios de la plata han llegado a triplicarse a su mayor nivel en 30 años –aunque luego recortaron ganancias–, el plomo subió cerca de 30 por ciento y el estaño casi 70 por ciento. Por ello, el gobierno optó por tomar un atajo. El presidente de la minera estatal Comibol, Héctor Córdova, precisó en entrevista que ya negocia con las empresas extranjeras el cambio de sus contratos con las nuevas condiciones. Comibol ha optado por este camino de negociación inmediata para ganar tiempo e ingresos, porque no puede esperar indefinidamente la nueva ley en la actual coyuntura internacional de mercado, explicó Córdova.