Un tribunal federal confirmó en definitiva un amparo otorgado por un juez a Operadora de Centros de Espectáculos SA de CV (Oesa), la empresa de entretenimiento más grande de la ciudad de México, contra el pago que se debe hacer al Gobierno del Distrito Federal por la seguridad en los actos culturales y de espectáculos, revelaron fuentes judiciales.

El decimoquinto tribunal colegiado en materia administrativa concedió la protección de la justicia federal a Ocesa, pues el órgano jurisdiccional declaró inconstitucional el artículo 256, apartado B, del Código Fiscal del Distrito Federal, vigente a partir de 2010.

Ese artículo ordena a las empresas que ofrecen espectáculos en la ciudad de México un pago de derechos según el número de patrullas y elementos que la Secretaría de Seguridad Pública moviliza para cada espectáculo.

De acuerdo con fuentes del Gobierno del Distrito Federal consultadas por La Jornada, las cuotas actuales son de 809 pesos por cada grúa, 539 por patrulla y 269.50 por motocicleta.

Vulnera principio de legalidad

Inicialmente, el juzgado octavo de distrito en materia administrativa, que dio el amparo en primera instancia, resolvió que la norma reclamada vulnera el principio de legalidad tributaria, ya que no está determinado en la ley el elemento objetivo sobre el cual se aplicarán las cuotas, además de que no se fija el procedimiento que debe seguirse para calcular el monto al que ascenderá el derecho, ni se fijan las bases que permitan distinguir por qué tratándose de elementos de seguridad en algunos casos deberá pagarse un mínimo y en otros el máximo.

Ese argumento fue confirmado por el tribunal colegiado de circuito, última instancia para las autoridades capitalinas, por lo que la resolución es definitiva.

El amparo obliga al Gobierno del Distrito Federal a devolver a Ocesa lo que hubiera pagado por vigilancia de espectáculos durante 2010 y 2011.