nte la andanada de protestas sociales por las medidas económicas devastadoras que ha venido tomando la administración del Partido Popular (PP) en España, el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, replicó, con insensibilidad presentada como franqueza, que cada viernes continuarán las reformas, y el viernes que viene, también. El ominoso anuncio es augurio de nuevas pérdidas sociales en materia de educación, salud y bienestar en general, y representa una confirmación brutal de que Rajoy no gobierna para los ciudadanos sino para los mercados, según el eufemismo que designa al puñado de intereses financieros que se beneficia con los recortes indiscriminados al gasto, las alzas generalizadas de impuestos y el sacrificio de la población como estrategia para hacer frente a la aguda crisis económica.

De esta manera, amparado en la amplia votación que su partido recibió en la elección de hace cuatro meses, en el control parlamentario que logró entonces y en la catástrofe política de la principal fuerza de oposición, el derrotado Partido Socialista Obrero Español, Rajoy pretende imponer en España una descarnada ortodoxia neoliberal que amenaza con arrasar el Estado de bienestar que se había venido construyendo desde el fin de la dictadura. Sus políticas no sólo amenazan a los asalariados –desprovistos de golpe de conquistas históricas– y a los jubilados, sino también a los jóvenes, para los cuales no hay sitio en la economía, así como a sectores especialmente vulnerables de la población, como los desempleados y los trabajadores inmigrantes indocumentados, a quienes se ha desprovisto de tajo de casi todos los servicios básicos de salud.

Los recortes tienen una repercusión particularmente aguda en comunidades autonómicas como Cataluña y el País Vasco, y ponen en cuestión el grado de autonomía real de esas regiones, en la medida en que sus autoridades se han visto obligadas a aplicar los lineamientos antipopulares procedentes de Madrid.

Ciertamente, ante la devastación impulsada por La Moncloa hay propuestas económicas alternativas, menos inequitativas y más eficientes, que toman en cuenta la necesidad de reactivar la economía y el mercado interno, que plantean el establecimiento de cargas impositivas especiales para las grandes fortunas y los más adinerados, y que no obligan al tránsito de millones de personas de la clase media a la pobreza sin atenuantes. Pero Rajoy, confiado en su mayoría parlamentaria y la lejanía de las próximas elecciones legislativas –previstas para dentro de casi cuatro años–, se muestra inflexible en la aplicación de su estrategia devastadora y no parece importarle su drástica caída en las preferencias electorales.

Por su parte, la sociedad española carece de alternativas institucionales para exigir que se detenga el draconiano plan de ajuste impuesto por La Moncloa en acatamiento de las presiones procedentes de la Unión Europea y, sobre todo, de la canciller alemana Angela Merkel.

Esta combinación –insensibilidad oficial, indignación popular y ausencia de cauces institucionales para expresarla y convertirla en acción política– constituye una condición de riesgo de estallidos sociales incontrolables. Una muestra adicional de arrogancia del gobierno del PP es no darse cuenta de ello o, al menos, hacer como si no se diera cuenta.