Con un pronunciamiento de solidaridad con pueblos indígenas de México que están siendo objeto de políticas y acciones de despojo social y territorial por intereses ilegítimos de diversa índole, como los megaproyectos hidroeléctricos, eoloeléctricos y mineros, así como con el artista juchiteco Francisco Toledo, dos veces amenazado de muerte por defender el patrimonio cultural y natural del estado de Oaxaca, concluyó el foro nacional e internacional Por la conservación y la integridad del territorio zoque An’pon Chimalapa: la región más biodiversa de México.

Entre los más de un centenar de firmantes del documento están autoridades comunales y agrarias de San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca; investigadores, académicos, organizaciones defensoras de los derechos humanos e indígenas y de los derechos de la naturaleza, artistas y ciudadanos/as, como Rodolfo Stavenhagen, ex relator de la Organización de Naciones Unidad (ONU) sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (PI); Enrique Leff, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; Susana Harp; Patricia Arendar, de Greenpeace México; Adelfo Regino, secretario de Asuntos Indígenas Oaxaca, y Miguel Álvarez, de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

En el documento, surgido del foro realizado los días 26 y 27 de este mes en esta ciudad, se citaron como casos paradigmáticos de los pueblos indígenas que enfrentan una ofensiva contra sus territorios, el Wirrárika, en defensa de sus territorios sagrados; la comunidad y municipio autónomo indígena Purh’epecha de Cherán, Michoacán, y las comunidades tzeltales de la Reserva de Biosfera Montes Azules, Chiapas.

Asimismo se menciona el apoyo a comunidades indígenas nahuas de Guerrero, y de Milpa Alta, en la ciudad de México.

Además, la solidaridad con el PI Cucapá de Baja California; con el PI Yaqui; con las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec y con el movimiento nacional Sin maíz no hay país.

Se congratularon de que finalmente el actual gobierno de Oaxaca haya asumido el apoyo a esta legítima causa de los PI Chimalapas, que luchan contra los siempre ilegítimos y depredadores intereses de empresas y contratistas madereros, ganaderos invasores y supuestos propietarios privados y, recientemente, de intereses multinacionales que buscan la mercantilización y privatización de los invaluables bienes naturales ahí existentes.

Hicieron un llamado tanto a la sociedad como a todas las instancias y niveles del Estado y gobierno mexicano, a intervenir en favor de una solución definitiva –apegada a justicia y derecho– al añejo y doble problema de invasión (agraria y estatal) presente en el territorio de los Chimalapas.