El pleno de la Cámara de Diputados decidió enviar al último lugar de la lista de dictámenes la discusión correspondiente al nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, para continuar con las negociaciones que eviten aprobar disposiciones violatorias de los derechos humanos y configuren un sistema penal acusatorio que suprima la presunción de inocencia.

El dictamen, que se había programado para discutirse en primer lugar durante la sesión de este viernes, fue desplazado al lugar 56 –esto es, después de los 55 dictámenes que están pendientes de aprobación–, y aunque existía la posibilidad de que se retomara en algún momento del día, la falta de quórum obligó a retrasar el tema hasta el lunes, último día del periodo ordinario.

Dudas legislativas

La mesa directiva pospuso la discusión del punto, luego de que el PRI en la Cámara de Diputados acordó abrir un espacio interno de revisión del dictamen de la Comisión de Justicia, debido a que durante su reunión plenaria integrantes de la bancada expresaron sus dudas sobre el contenido del documento.

El diputado veracruzano Antonio Benítez Lucho planteó que era preferible aclarar los alcances del código, para evitar que su aprobación se revierta contra el tricolor en la campaña presidencial y se coloque en riesgo a la ciudadanía por las disposiciones de esa norma.

Ante las críticas de que podría tratarse de una disposición legal que aliente el estado policiaco, el coordinador del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, instruyó al presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, a formar un grupo de trabajo con los priístas que tuvieran dudas y tratar de llegar a un acuerdo antes de intentar nuevamente que el dictamen sea votado.

Incluso, diputados priístas deslizaron que para la bancada, antes que el código de procedimientos penales, es prioridad votar la Ley General de Víctimas.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del PRD, Mary Telma Guajardo, sostuvo que su bancada insistirá en reprobar el dictamen, porque no se incluyó ninguna de las observaciones hechas por las organizaciones defensoras de derechos humanos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Afirmó que si tres diputadas del PRD que forman parte de la Comisión de Justicia –Dolores Nazarez, Enoé Uranga y Olga Luz Espinosa– firmaron el dictamen, fue porque en una primera versión sí se habían suprimido artículos impugnados.

Pero al revisarlo aquí en el pleno, ellas se percataron de que adolece de lo que se supone venía en el dictamen. Insistimos y exigimos que se garantice contemplar el respeto a los derechos humanos. Al final de cuentas, ¿quién lo quitó?, no sabemos, declaró.

El nuevo código prevé detenciones en casos de urgencia, cateo a domicilios y aprehensión de personas sin orden judicial, la aplicación de un catálogo de delitos graves, así como la revisión y grabación de ciudadanos, así como de sus pertenencias y vehículos.