Frente a un saldo de por lo menos 250 mil muertos en la lucha contra el narcotráfico en los pasados 30 años, sólo en América Latina y el Caribe, de los cuales 50 mil son mexicanos que se sumaron en los últimos cinco años, es necesario replantearse las políticas públicas en torno al consumo, producción y distribución de sustancias ilícitas, advirtieron especialistas

Durante el último día de trabajo del Foro internacional sobre políticas de regulación del consumo de drogas, expertos en derecho y en estudios sobre uso y consumo de enervantes advirtieron que hay un abierto fracaso en frenar el incremento en el consumo y, por lo tanto, en la oferta.

Reunidos en la antigua Escuela de Medicina, señalaron que uno de los principales retos es cambiar los modelos de criminalización del consumo mediante códigos penales que, como ocurre en México, persiguen con toda la fuerza del Estado todo lo referente al narcotráfico, pues podríamos decir que en este momento es la nación que con mayor energía y decisión aplica el modelo prohibicionista, afirmó Jesús Zamora Pierce, experto en el tema.

Agregó que la venta ilícita de drogas genera recursos por “500 mil millones de dólares en todo el mundo, de los cuales más de 30 mil millones van directamente a manos de los cárteles mexicanos para incrementar su poder de corrupción, cooptación de autoridades y compra de armas”.

Durante la mesa sobre legislación en política de drogas en México, José Antonio Caballero, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM, afirmó que el país lleva más de 102 años en su lucha prohibicionista del uso de drogas, tarea que hasta el momento no ha dado resultado, por lo que aseguró que no se trata de decidir si es sólo cuestión de liberalización total o de regulación, sino de acuerdo con los diferentes tipos de droga, discutir qué soluciones podemos construir.

En representación de la titular de la PGR, Marisela Morales, acudió al encuentro Miguel Ontiveros, subsecretario de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de esa dependencia, quien demandó que frente a cualquier enfoque sobre el uso de drogas, debe prevalecer el respeto a la dignidad humana y las garantías individuales, tras rechazar la cita presentada por Zamora Pierce en torno a la corrupción de los policías municipales y estatales.