Debido a la prisa con que los senadores aprobaron la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, el martes pasado, la minuta enviada a la Cámara de Diputados estaba incompleta y ayer tuvieron que aprobar una fe de erratas.

En el dictamen que se discutió no se incluyó la pena de prisión de cinco a 15 años para directores, editores o responsables de periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión que difundan publicidad ilícita o engañosa que promueva la explotación sexual y laboral, la esclavitud y la servidumbre.

El dictamen que se votó de última hora en el pleno senatorial, en la sesión del pasado día 24, incluía la pena de privación de la libertad, pero la minuta que se remitió a San Lázaro sólo establece una multa de mil a 20 mil días de salario mínimo a quien dirija, gestione, edite, un medio impreso electrónico cibernético que incumpla con lo dispuesto en la legislación y publique anuncios que promuevan la trata de personas.

Ayer, el presidente en funciones de la mesa directiva, Francisco Arroyo, sometió a ese organismo la aprobación de una fe de erratas sobre el artículo 33 de la ley, para incluir la prisión de cinco a 15 años. El documento se envió de inmediato a la Cámara de Diputados, donde se discute la Ley contra trata de personas.

De hecho, la minuta se aprobó el martes a pesar de que algunos integrantes de las comisiones dictaminadoras consideraron que estaba mal redactada y requería una revisión integral, sobre todo en el caso de los nuevos tipos penales. Sin embargo, los senadores sólo hicieron algunos cambios con la finalidad de eliminar excesos, como dijo el priísta Manlio Fabio Beltrones.

Se privilegió que pudiera transitar rápido en San Lázaro y que pase al Ejecutivo para su promulgación.