Por acuerdo entre PRI y PAN el pleno de la Cámara de Diputados devolvió al Senado la minuta de Ley General sobre la Evaluación y Aprobación de Tratados. Los cambios promovidos en el documento refieren la necesidad de elaborar estudios que identifiquen las leyes federales y generales de México, para armonizarlas con los instrumentos multilaterales a suscribir.

También se pretende que la colegisladora acepte que durante el proceso de aprobación de un tratado el Senado podrá proponer al titular del Ejecutivo federal la formulación de reservas o de declaraciones interpretativas sobre su contenido.

En el cuerpo del acuerdo PRI-PAN, presentado ante la mesa directiva para someterlo a votación –finalmente fue aprobado–, también se pretende que los acuerdos ejecutivos suscritos de manera invariable por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), deberán establecer su vigencia, así como contener cláusulas expresas respecto de su terminación anticipada durante la administración vigente, y en todo caso, por las siguientes.

En el artículo cuarto transitorio se acota que las entidades públicas y los organismos dispondrán de seis meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, para enviar a registro de Relaciones Exteriores los acuerdos interinstitucionales que hayan sido firmados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, y que no hayan sido remitidos para su inscripción en el registro correspondiente.

Las adiciones a la minuta fueron sometidas a la consideración del pleno. Tanto PRI como PAN y Partido Verde votaron en favor y en consecuencia se desecharon las reservas en contra de una treintena de artículos de la minuta promovidas por Porfirio Muñoz Ledo (PT), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro.

Precisamente, desde la tribuna, Muñoz Ledo argumentó: “El retroceso es tal, que se vuelve al estatus previo a la aprobación del artículo 76 de la Constitución de 1857, cuando con la iniciativa de Sebastián Lerdo de Tejada se concedieron prerrogativas al Senado que se supone son emanación del pacto federal, entre ellas la aprobación del Senado a los tratados internacionales.

No entiendo cómo el asunto no es más claro. Se está convirtiendo a los acuerdos ejecutivos para darles el valor de tratados, violentando el equilibrio de poderes, convalidando los ya suscritos y suplantando al Senado con una simple notificación por parte del Ejecutivo. En la historia del país, los acuerdos bilaterales han sido impuestos; ahí están el McLane-Ocampo, el de Guadalupe Hidalgo, el de La Mesilla, los Tratados de Bucareli y la infamia del Tratado de Libre Comercio, pero por lo menos éstos fueron concedidos por la imposición de las armas, la traición o la concisión del reconocimiento de un Estado a otro, pero ahora se conceden con el simple control de un empleado del Presidente.

El único que defendió la aprobación del dictamen fue el diputado del PRI Carlos Flores Rico, quien atribuyó las críticas a la esquizofrenia y sostuvo que esa legislación, la cual deroga las leyes de tratados y la de acuerdos económicos, permitirá al Senado enterarse de lo que suscriban el Presidente de la República o los secretarios, y también los acuerdos ejecutivos y los convenios interinstitucionales.

Desde la tribuna, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) recordó que por la vía de los tratados y los acuerdos ejecutivos se ha vulnerado la soberanía nacional, y ahora lo que se está haciendo aquí es entregar jirones de nuestra soberanía a otros estados, a organismos multinacionales, porque detrás de esta ley está el interés en el petróleo, los minerales, el agua, la biodiversidad y el deseo por imponer a México las estrategias de organismos financieros en materia de soberanía económica y alimentaria.