Las fracciones de PRI y PAN en la Cámara de Diputados estuvieron a punto de consumar ayer un albazo para aprobar el nuevo Código de Federal de Procedimientos Penales, que incluye detenciones en caso de urgencia y cateo de domicilios sin orden judicial, revisión y grabación de personas, así como de sus pertenencias y vehículos.

El dictamen, al que no se incorporó una sola de las observaciones de las organizaciones defensoras de derechos humanos ni del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, plantea que con la sola presunción de que se cometió un delito, cualquier autoridad –incluso las fuerzas armadas– podrá detener e interrogar personas antes de presentarlas al Ministerio Público.

De ser aprobado el dictamen, militares, marinos, policías federales, agentes del Ministerio Público, policías estatales y municipales podrán realizar estas detenciones sin orden judicial, en la probable comisión de los llamados delitos graves, que ameritan la denominada prisión oficiosa, esto es, sin que el juez determine la condición penal de la persona. Para la prisión oficiosa no hay posibilidad de liberación bajo fianza.

Discusión entre curules

Anoche, el ex ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza se reunió con diputados de PRD y PT para revisar el proyecto e insistir en las observaciones del Movimiento por la Paz.

Aun cuando un reducido grupo de perredistas y petistas tomó la tribuna para evitar la discusión, ésta se dio desde las curules, luego de que la mayoría PRI-PAN acordó modificar el orden del día para incorporar el dictamen de la Comisión de Justicia –documento que cuenta con el aval de tres diputadas del PRD– y dispensarle todos los trámites parlamentarios.

Sin embargo, cuando el dictamen se sometió a votación en lo general, los diputados de PRD y PT presentes en el salón se abstuvieron y lograron romper el quórum legal para continuar con la sesión. De esta manera, sólo se lograron 198 votos en favor, de priístas, panistas y seis de los 23 diputados del PVEM, a pesar de que en su conjunto esas tres fuerzas políticas suman 302 legisladores. Nueve diputados votaron en contra y se registró una abstención: la del encargado de la mesa directiva, quien ordenó un receso de cinco minutos para repetir la votación.

Concluido el receso y realizada la segunda votación, sólo 187 diputados volvieron a votar en favor, 11 lo hicieron en contra y tres se abstuvieron, entre ellos las diputadas María Esther Alonso (PRI) y Pilar Torre Canales (Panal). Esto es, faltaron 50 votos para mantener el mínimo requerido para continuar la sesión.

El nuevo código justifica la necesidad de que la PGR integre un cuerpo de agentes infiltrados, especialmente entrenados y facultados para ello, como método de investigación de las estructuras de las bandas criminales, actuación que tampoco requiere la autorización judicial.

Además, se abre un catálogo de delitos considerados graves, que van desde el robo con violencia, terrorismo, contra la salud, secuestro, portación ilegal de armas de fuego y cartuchos, piratería y trata de personas.

También se incluye la figura de agentes de acompañamiento  en compra y venta de armas de fuego y de drogas, en operativos similares al que utilizó Estados Unidos para la introducción de armamento a México conocidos como Rápido y furioso y Receptor abierto.

El diputado Jaime Cárdenas (PT) alertó que no se incluyó ninguna observación hecha por las bancadas de PRD y PT, ni por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, respecto de que el nuevo código legaliza los operativos militares contra la delincuencia organizada, una vez que no se pudo aprobar la misma disposición en la Ley de Seguridad Nacional.

Una vez que se levantó la sesión, PRI y PAN anunciaron que volverán a insistir en que el dictamen se discuta en la sesión a realizarse hoy.