“El fin de la narcoviolencia requiere no sólo de un cambio de estrategia en la lucha contra el crimen organizado, sino una participación más activa y consciente de la sociedad civil.

La prohibición, la criminalización y el uso de las armas no han dado los resultados que la sociedad espera. Esta fue una de las ideas dominantes en las sesiones vespertinas del cuarto día de actividades del Foro internacional sobre políticas de regulación del consumo de drogas, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por el contrario, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Facundo Rosas Rosas, deslindó al gobierno federal como uno de los causantes de la violencia que azota al país relacionada con el narcotráfico: para la secretaría, la violencia tiene su origen en las pugnas de grupos antagónicos por el trasiego de drogas y el control de mercados. Todo gira en torno al consumo a escalas internacional o nacional.

Previamente, en la mesa Organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas ilícitas en México, el funcionario sostuvo que el incidente de 2001, con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, ocasionó un cierre de fronteras que obligó a que la mercancía se quedara en territorio nacional, generando un mercado de consumo interno.

De acuerdo con Rosas, gracias a la estrategia nacional de prevención del delito y combate al crimen, se ha logrado capturar a varios líderes de cárteles del narcotráfico, lo que ha provocado rupturas en esas organizaciones, que al disputarse el trasiego de drogas y de mercados internos generan violencia.

En Brasil no funcionó sólo el uso de armas

En la mesa Sociedad y crimen organizado, el policía y antropólogo brasileño Robson Rodrigues da Silva, fundador de la Unidad de Policía Pacificadora de Río de Janeiro, compartió su experiencia sobre la forma en que las acciones coercitivas, aunadas a una activa labor social, han reducido dramáticamente los niveles de violencia y la presencia del crimen organizado en las favelas que ircundan aquel centro turístico.

Fue necesario –explicó Rodrigues– promover un cambio de paradigma institucional en la forma de enfrentar el problema, a partir de una certeza: la guerra convencional contra las drogas, limitada al uso de las armas, había fracasado.

Cuando echó a andar su propuesta –dijo–, las zonas marginales de alta vulnerabilidad estaban subyugadas al crimen organizado, entre otras razones, por la ineptitud del Estado brasileño para enfrentar el problema.

Por su parte, el especialista Luis Astorga Almanza, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, hizo una relación histórica de cómo la participación y apoyo social al narcotráfico en ciertas entidades del país tienen que ver con una suerte de tradición familiar. Eso explica –añadió el autor de El siglo de las drogas– la existencia de sagas familiares involucradas por generaciones en la producción y tráfico de enervanes.

A su vez, Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia, dijo que la transición política mexicana –marcada por la llegada del PAN a la Presidencia– dejó atrás los controles autoritarios que el viejo régimen ejercía sobre el crimen organizado, pero no los remplazó con controles judiciales, patrimoniales y sociales que emanaran de un consenso entre sociedad civil y Estado.

Los candidatos no aterrizan

En ese sentido, insistió en su crítica a las plataformas en materia de seguridad y justicia de los principales candidatos a la Presidencia de la República, porque no están aterrizadas a la realidad mexicana.

Por eso –dijo–, la sociedad tiene que crear sus propios espacios de participación y apoyo para restaurar el tejido social, sin esperar a ser convocada u organizada por el Estado, que se encuentra dividido, porque varias de sus instancias están al servicio de distintos grupos del crimen organizado. Cuando esto sucede, la sociedad tiene que adoptar una postura ya no discursiva o de escribir reportes: me gustaría ver la sociedad civil del Padre Solalinde formando red con miles de Solalindes.

René Jiménez Ornelas, del IIS de la UNAM, aseguró que las consecuencias en términos de droga, violencia y crimen organizado han ocasionado que México sea uno de los países de América con la mayor tasa de asesinatos por cada 100 mil habitantes, y el segundo con más homicidios cometidos en 2010.