n un mensaje emitido ayer ante representantes de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, dijo que el flujo migratorio de connacionales hacia el país vecino del norte es cero en términos netos, y atribuyó ese supuesto fenómeno a que estamos creando oportunidades de empleo en México, oportunidades de formación y educación desde México, servicios de salud y el cuidado de salud para toda la nación.

La víspera, el Pew Hispanic Center –un centro dedicado a documentar el impacto de la población latina en la sociedad estadunidense– dio a conocer un informe en el que se afirma que entre 2005 y 2010, mientras 1.4 millones de mexicanos emigraron a Estados Unidos, otro tanto retornó de ese país al nuestro, por lo que la diferencia en el intercambio demográfico parece haber alcanzado un punto muerto, y es razonable suponer que Calderón retomó ese dato para acomodarlo en su discurso.

Aun si se da por buena la conclusión a la que llega la investigación citada –la cual, como todo trabajo académico, debe ser cotejado con otros análisis demográficos que pueden corroborarlo o desmentirlo–, ese posible estancamiento migratorio es un fenómeno muy distinto a lo que podría ser la interpretación desde la óptica calderonista: la migración de México a Estados Unidos no ha disminuido hasta ubicarse en cero en términos netos y los resultados de estudio del Pew Center dejan ver que el flujo migratorio se mantiene vigente.

Si bien el documento señala que hay un número cada vez mayor de connacionales que regresan de aquel país, las causas del fenómeno son identificadas por los propios autores a la alicaída economía estadunidense y al incremento de los riesgos relacionados con el tránsito irregular de personas hacia ese territorio, empezando por mayor vigilancia en la frontera binacional y la intensificación de la persecución y las deportaciones de migrantes indocumentados.

Con estos hechos en mente, la pretensión de que la disminución en el intercambio neto de población entre ambos países se debe a que estamos creando oportunidades de empleo en México, colisiona con una realidad en que persisten y se intensifican la desocupación, la informalidad, la pobreza, la marginación y demás factores que han alimentado históricamente la migración económica de México a Estados Unidos.

Baste citar, como botones de muestra, el documento recientemente presentado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se indica que el número real de desempleados en el país es de 8.7 millones de personas –es decir, 6 millones adicionales a los que reconocen las cifras oficiales–; los datos aportados por la casa de estudios sobre la pérdida del poder adquisitivo del salario real, que asciende a 42 por ciento en lo que va de la presente administración, y la estimación formulada por el Tecnológico de Monterrey de que, al concluir el sexenio actual, habrá 60 millones de personas en condición de pobreza, como resultado de la precarización del mercado laboral mexicano y el bajo crecimiento económico.

Tanto más improcedente es la mención de las supuestas mejoras en la cobertura de salud y educación en el país como factores que explican la baja en la tasa neta de migración entre México y Estados Unidos: la mayor parte de los connacionales que cruzan la frontera lo hacen con la meta de conseguir oportunidades de subsistencia que no tienen en sus lugares de origen, no para ingresar a las instituciones educativas y a los servicios de sanidad estadunidenses en calidad de estudiantes o de pacientes.

Sería deseable, sin duda, que los cientos de miles de mexicanos que cada año emigran a Estados Unidos pudieran encontrar en nuestro país las condiciones necesarias para el pleno cumplimiento de los derechos que confiere la Constitución en materia de trabajo, alimentación, vivienda y salud. Pero es claro, a la luz de los deplorables indicadores de empleo, salario y pobreza que arroja la administración calderonista, que la aparente estabilización en el intercambio de corrientes migratorias entre ambos países no se debe a un mejoramiento en las condiciones de vida en el nuestro, sino, en todo caso, a un recrudecimiento de la precaria y peligrosa situación que enfrentan los connacionales en la nación vecina. No es procedente, pues, que el gobierno federal adopte el posible saldo cero migratorio como motivo de orgullo, y menos que se desinforme a la sociedad en esta materia.