on el telón de fondo del escándalo por los presuntos sobornos entregados a autoridades mexicanas para ampliar su presencia y su dominancia en el mercado nacional –información revelada por el diario The New York Times–, la filial en México y Centroamérica de la compañía Wal-Mart experimentó ayer una caída de 12 por ciento en el valor de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, la mayor baja en sus títulos accionarios en casi 14 años. Tal descenso tuvo un impacto negativo en el comportamiento del mercado bursátil del país, cuyo principal indicador cerró con pérdida de uno por ciento, tras haber descendido hasta 3.28 puntos porcentuales.

Las cifras mencionadas permiten hacerse una idea del potencial económicamente devastador que ha adquirido la firma trasnacional en sus dos décadas de operación en el país, potencial que es mucho más tangible en el ámbito de la economía real que en el del mercado especulativo. Desde hace tiempo –como se publicó ayer en estas páginas–, el mayor minorista de México y del mundo ha sido señalado de forma recurrente por emprender prácticas de competencia desleal –como la imposición de precios ínfimos a productores y proveedores, lo que reduce su costo final y aumenta los márgenes de ganancia–; por acabar, en consecuencia, con muchas unidades económicas de menor tamaño –mercados tradicionales, tiendas de abarrotes, locales de comida, carnicerías y zapaterías, entre otros–, así como por destruir, en suma, una cantidad de empleos y fuentes de ingreso mucho mayor a los que la firma dice crear año con año.

A lo anterior deben agregarse las recurrentes denuncias formuladas en contra de la cadena de supermercados por sus políticas laborales inadmisibles y de cuestionable legalidad –bajos salarios, prohibición de sindicatos, contratos de protección patronal, jornadas laborales extenuantes y sin pago de horas extras–, así como por poner en práctica una expansión corporativa inescrupulosa y lesiva para los entornos: la afirmación –publicada por el diario neoyorquino– de que los sobornos de directivos de Wal-Mart a funcionarios mexicanos permitieron a los primeros poner tiendas virtualmente en cada rincón del país es consistente con el hecho de que esa empresa ha podido obtener, en años anteriores, de concesiones de construcción en terrenos ejidales y comunales, en zonas adyacentes a sitios arqueológicos y a zonas naturales protegidas, algo dudosamente compatible con el espíritu de las disposiciones legales vigentes en materia de preservación del patrimonio arqueológico, histórico y ecológico del país.

Ahora, para colmo, la cadena estadunidense se revela como factor de inestabilidad financiera y promotora de la corrupción institucional; se ubica con ello como emblema de depredación corporativa en los órdenes económico, laboral, social e institucional.

Ante tal panorama, es impresentable el alegato formulado ayer por la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, de que esta dependencia aún no determina cómo intervendrá en el caso (si lo hará de oficio o esperará a que se presente la denuncia correspondiente) y de que ignora si el asunto es competencia nuestra.

La información disponible indica que la empresa estadunidense incurrió en el delito de cohecho en las negociaciones con funcionarios del Estado mexicano, y es exigible, por ello, que éste investigue quiénes resultaron beneficiados con esos sobornos y que sancione a los responsables. De lo contrario, el pretendido afán legalista de la actual administración federal quedará, nuevamente, en entredicho.