La inmunidad que otorga la Constitución al presidente Felipe Calderón no significa que no deba responder por sus actos, afirmaron especialistas en derecho constitucional y sistemas políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), luego que el Instituto Federal Electoral (IFE) lo encontró responsable, por segunda ocasión, de violar la Carta Magna por la distribución, en este caso, de cartas con su firma a través del Servicio de Administración Tributaria durante la veda electoral.

Elisur Arteaga Nava, experto en derecho constitucional de la UAM-Azcapotzalco, destacó que la inmunidad otorgada al presidente de la República, quien sólo puede ser acusado por traición a la patria o delitos graves del fuero común, no lo exime de rendir cuentas ante la ley, pues puede ser acusado, encausado y enjuiciado una vez que abandone su cargo, aunque reconoció que cerca de 15 mil personas en México cuentan con algún tipo de inmunidad, lo cual es excesivo.

Destacó que si la acusación se presenta ante la Cámara de Diputados para que la envíe al Senado, el gran jurado tiene un año para juzgar al ex presidente, es decir, no queda inmune, pero por el momento no se le puede tocar.

Agregó que el fuero es una herencia traída desde Inglaterra, donde pasó a Estados Unidos y de ahí a nuestro país, para proteger a los funcionarios públicos que estando en el cargo deban asumir decisiones y declaraciones por las que no deben ser perseguidos, pero sólo en México se mantiene. Es un resabio antidemocrático en un Estado de derecho.

En entrevista por separado, Telésforo Nava Vázquez, especialista en sistemas políticos y catedrático de la UAM-Iztapalapa, afirmó que Calderón incurre en los mismo abusos que perpetró el PRI al hacer proselitismo político con recursos públicos y durante la veda electoral, pues la buena administración del erario y su aplicación oportuna es su responsabilidad, por lo que no tiene por qué usarlo como medida para promover su administración en un contexto electoral.

Consideró que el ejercicio de la inmunidad en un país con un déficit de justicia tan grave no sólo es un mensaje terrible y desalentador para la ciudadanía, sino también un resabio nocivo y semidictatorial que nos heredó el Partido Revolucionario Institucional, y que hasta hoy persiste y del que se aprovechan para violar la ley no sólo presidentes, sino también gobernadores, diputados y senadores, entre otros funcionario públicos.