Para evitar que las instituciones de gobierno aleguen la supuesta inexistencia de la información que les solicitan, es necesario avanzar hacia una nueva generación de leyes de acceso a la información que obliguen a las dependencias estatles a crear y mantener una adecuada gestión documental.

Así lo afirmó María Elena Pérez-Jaén, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai), durante su participación en el tercer Seminario Internacional Impacto del Derecho de Acceso a la Información en la Participación Ciudadana, que concluyó ayer en Santiago de Chile.

Se requiere una actualización de los cuerpos jurídicos que velan por el acceso a la información, la protección de los datos personales, los archivos, y que propician una efectiva rendición de cuentas, y se requiere de instituciones garantes con autonomía técnica, operativa y suficiencia presupuestaria, que sean especializadas para que soporten el ejercicio de estos derechos, señaló la funcionaria.

Por otro lado, Pérez-Jaén señaló que el pasado 18 de abril se aprobaron en la capital chilena los estatutos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), formalizando con ello la constitución de este organismo, que el Ifai presidirá en los siguientes tres años.