sólo unas semanas de que concluya el plazo para que más de 550 mil docentes de educación primaria se sometan a la llamada evaluación universal, sólo 165 mil –es decir, menos de una tercera parte– se han inscrito para la aplicación de las pruebas correspondientes. El evidente fracaso de la referida política de escrutinio magisterial tiene dos elementos de contexto ineludibles y contrastantes. El primero de ellos es la intensa movilización que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevó a cabo en semanas anteriores en la capital del país y en otras ciudades, en demanda, entre otras cosas, de la derogación del requisito y los plazos para la evaluación universal.

Por otro lado, el pasado viernes, en el marco del consejo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que se desarrolla en Baja California, la dirigencia encabezada por Elba Esther Gordillo desestimó la aplicación de la evaluación universal en el presente ciclo escolar, que concluye en junio, y anunció que buscará renegociar ese mecanismo con el gobierno federal.

Debe recordarse que el programa de evaluación universal docente –que se basa en la aplicación de exámenes estandarizados a los profesores y a los alumnos, y en la asistencia de los primeros a cursos de formación– constituye uno de los pilares de la Alianza por la Calidad de la Educación suscrita en 2008 por el gobierno federal y la dirigencia del SNTE. Por ello, aun con el deslinde formulado en estos días por la cúpula gordillista, el fracaso de dicho programa debe entenderse, también, como una derrota, así sea parcial, del proyecto educativo respaldado por ésta y por la actual administración federal.

Es importante mencionar que la resistencia de los profesores al proceso mencionado no equivale a una oposición ante cualquier forma de evaluación docente, ni mucho menos a una falta de compromiso con la calidad educativa –como han insistido los promotores de ese tipo de políticas. Por el contrario, la razón principal de ese rechazo pasa por la convicción de que el programa de escrutinio impulsado por la Secretaría de Educación Pública y, en un inicio, por el SNTE, amenaza la estabilidad y los derechos laborales de los trabajadores de la educación; los pone en riesgo de pagar, incluso con el despido, por las deficiencias estructurales que acusa el país en el ámbito de la enseñanza y no constituye, para colmo, un mecanismo eficaz para identificar y corregir tales rezagos.

En efecto, la apliación de pruebas estandarizadas para medir el desempeño educativo y docente ha sido objeto de duras críticas por diversos especialistas en la materia –profesores, pedagogos y autoridades educativas, entre otros–, en la medida en que esos exámenes no toman en cuenta las diferencias sociales, culturales y económicas que afectan al proceso de enseñanza; no consideran las desigualdades entre planteles educativos y regiones, no ponderan conocimientos que resultan valiosos en función de entornos específicos, y no permiten, por tanto, conocer los factores que debilitan o fortalecen el aprendizaje de los educandos ni ponderar, en consecuencia, las verdaderas capacidades pedagógicas de los docentes. No es gratuito que en Estados Unidos, país pionero y principal impulsor de este tipo de pruebas, persistan al día de hoy graves rezagos educativos y un descontento generalizado por parte de los profesores por la aplicación de una política educativa a todas luces fallida.

En todo caso, para que este tipo de pruebas tuviera un mínimo de sentido, habría que empezar por corregir las condiciones físicas ruinosas en que se encuentran miles de escuelas primarias y secundarias en el país –consecuencia, a su vez, del abandono presupuestario al que las recientes administraciones, incluida la actual, han sometido a la educación–; por revertir el deterioro de las condiciones de vida en millones de hogares de estudiantes a raíz de las crisis económicas y de la aplicación del modelo neoliberal aún vigente, y por retirar el control de los ciclos de enseñanza básica y media superior a la cúpula mafiosa y antidemocrática que controla el sindicato magisterial. Y, desde luego, niguna política de evaluación educativa tendrá perspectivas de éxito en la medida en que no incorpore, en su diseño y aplicación, a los actores principales del proceso de enseñanza, que son, precisamente, los maestros.