Ante la falta de investigación de las autoridades mexicanas sobre los presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, los familiares de los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola –asesinados en una emboscada el 28 de abril de 2010, cuando se dirigían en caravana a la comunidad de San Juan Copala–, presentarán una demanda contra el priísta ante la justicia de Finlandia.

David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), anunció en entrevista con La Jornada que la próxima semana viajará a Helsinki, junto con su colega Karla Michel Salas, para preparar los términos de la demanda, cuyas posibilidades de éxito son altas.

El caso está en la impunidad, porque nunca hubo sanción contra Ruiz. Hay una ausencia del Estado mexicano en su conjunto por garantizar la seguridad de los testigos de los delitos del ex gobernador, y de ahí surge la necesidad de presentar la demanda ante la fiscalía general y la cancillería de Finlandia, país de origen de Jaakkola, indicó.

La queja está sustentada en documentos oficiales donde se comprueba que Ruiz financió a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) –señalada por la Procuraduría General de la República como un grupo paramilitar– aún después del asesinato de ambos activistas, lo que en términos de derecho internacional implica subordinación financiera.

A partir de ello se le pedirá a la fiscalía general finlandesa que abra una investigación sobre el homicidio de Jaakkola, pues dicho crimen puede ser analizado por la justicia de ese país, al haber afectado a uno de sus ciudadanos, pese a haberse cometido en territorio extranjero.

La intención de juzgar a Ruiz en Helsinki, subrayó Peña, es viable por la solidez del expediente en su contra, pero también porque hay antecedentes en dicha nación de procesos contra funcionarios de otros países, concretamente dos ex militares de Uganda y Sierra Leona, quienes fueron detenidos y encarcelados por crímenes de lesa humanidad.

Informe al Parlamento Europeo

El viernes de la próxima semana, los dos abogados mexicanos se reunirán con colegas finlandeses para asesorarse sobre la procedencia de la queja, y en caso de que ésta tenga bases legales, la presentarán ante la fiscalía general y el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquella nación, para luego acudir ante el Parlamento Europeo, en Bruselas, a rendir un informe sobre el mismo tema.

“Tenemos confianza en que la investigación sí se va a abrir, y el gobierno mexicano tendría que reaccionar de manera positiva. Si el caso procede, Ulises Ruiz va a tener que comparecer en persona, al menos en la embajada, y la Interpol puede ordenar que no salga del país. Va a ser interesante cómo reacciona ‘el nuevo PRI’ frente a esto, en tiempos electorales”, señaló.