Una investigación en centros de reclusión de Guanajuato, Puebla, Guerrero y Querétaro, en los que se entrevistó a cerca de 800 presas, reveló que 28 por ciento de las que habían estado embarazadas desearían tener más hijos y 55 por ciento de las que aún no, deseban estar gestando.

Sin embargo, la estigmatización de que son víctimas respecto de su rol de género las ha puesto en desventaja, al ser señaladas como no aptas para ejercer sus derechos reproductivos, apunta el estudio realizado por la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

Muestra de ello es que 14 por ciento de internas que quedaron embarazadas en el penal reportaron que fueron privadas de algún derecho por su estado y 45 por ciento de entrevistadas consideraron que hay obstáculos de tipo estructural e institucional (servicios médicos, alimentación, condiciones de alojamiento) que les impiden ejercer libremente su derecho a la reproducción.

Cuando optan por conservar a sus hijos y el reglamento del centro se los permite, están excluidas de programas de desarrollo personal, como cursos educativos y de capacitación, señala el documento, de reciente publicación.

Además, se sentían obligadas a mantener una conducta sumisa para que las autoridades no las calificaran de malas madres y eso motivara que les quitaran a sus hijos.

El diagnóstico, titulado Mujeres privadas de libertad, ¿mujeres sin derechos?, se centra en la discriminación y violaciones a los derechos sexuales y reproductivos que padecen las reclusas.

Por lo que respecta a anticoncepción, 17 por ciento aseguró haberse sometido a métodos anticonceptivos por obligación.

Un requisito indispensable para acceder al derecho de visita íntima es llevar un método anticonceptivo temporal, que puede ser de inyecciones hormonales a la implantación de dispositivos intrauterinos, los cuales, a menudo, generan malestares físicos.

En el contexto de la privación de la libertad, dichas acciones forman parte de un cuestionamiento de la autoridad penitenciaria hacia las capacidades de las mujeres para decidir sobre su maternidad y sexualidad.

El estudio corrobora la existencia de un sistema penitenciario que no respeta ni hace justiciables los derechos fundamentales de las personas bajo su custodia, y que las instituciones del Estado, particularmente las responsables de administrar justicia, aún no contemplan los derechos sexuales y reproductivos como parte de las garantías humanas.

El documento recomienda generar un mecanismo que permita a las mujeres decidir sobre la posibilidad de utilizar un método anticonceptivo por consentimiento propio y bajo supervisión médica, y propiciar las condiciones institucionales y legales óptimas para la protección de todas las mujeres en el ámbito de la maternidad.