La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés) manifestó su profunda preocupación respecto del dictamen de la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, actualmente a discusión en el Senado.

Según la organización, en la iniciativa hay contradicciones que harán que se legalice al proxeneta y se propiciará que los delincuentes logren la libertad mediante amparo, ya que se viola la garantía de seguridad jurídica con dobles agravantes y delitos duplicados.

El artículo 20 de la minuta, señaló CATWLAC en un comunicado, dice que será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y de 4 mil a 30 mil días de multa, el que obteniendo beneficio económico para sí o para un tercero contrate, aun sea lícitamente, a otra para la prestación de servicios sexuales, lo cual es un contrasentido porque nunca podrá ser lícito ganar dinero mediante la prostitución ajena.

Por otro lado, propuso incluir el tema de la corrupción de menores en el artículo 23, y retirar todo lo relacionado con pornografía y prostitución infantil o cualquier otro delito de connotación sexual, porque ya está previsto en este ordenamiento o en otros.

Finalmente, en el artículo 35 se busca hacer visible al último eslabón de la cadena y real motor de la trata, ya que sin demanda no hay oferta. El Protocolo de Palermo establece la sanción a la demanda y no la condiciona a que sepa o no que los servicios o la persona comprada o alquilada es víctima de trata.

El colectivo exigió que se reserven para su discusión los mencionados artículos antes de modificar la ley.