Madrid, 20 de abril. Los directivos y máximos responsables de la línea editorial de Radio Televisión Española (RTVE) ya no serán elegidos por consenso de los principales grupos parlamentarios y a través de un mínimo del apoyo de los dos tercios del Parlamento. El gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, aprobó un decreto con el que se sustituye el límite de los dos tercios por la mayoría absoluta, de la que goza actualmente el partido conservador, tras los comicios del pasado 20 de noviembre.

El contenido y la línea editorial de los informativos y programas de RTVE (cinco radiodifusoras y tres canales de televisión) se convirtieron en un asunto de amplio debate tras finalizar la segunda legislatura de José María Aznar, el ex presidente ultraconservador que gobernó entre 1996 y 2004. Los pasados cuatro años supusieron también la etapa más negra y cuestionada del trabajo periodístico de RTVE, cuya línea editorial y contenido informativo lo decidían una serie de periodistas que incluso fueron condenados por tribunales, por manipular y retorcer la verdad en favor del gobierno y de los intereses del grupo conservador. Fue también la época en que se llevaron a cabo campañas de boicot a RTVE y en la que en sus programas con el mejor horario de audiencia figuraban presentadores y periodistas que hoy trabajan en canales de extrema derecha, azuzando al odio contra comunistas, sindicalistas y socialistas.

El desprestigio fue tal que cuando llegó al poder el socialista José Luis Rodríguez Zapatero optó por profesionalizar los nombramientos, hacerlo de manera democrática con una cuota de dos tercios del Parlamento y eligiendo para la presidencia del ente a profesionales que gozaran del respaldo de la mayoría. De hecho, durante esta etapa los servicios informativos expresaron con naturalidad la pluralidad y mostraron sin tapujos asuntos incómodos para el gobierno.

Rajoy, presionado por los grupos mediáticos optó por un decreto, que ni siquiera consensó ni dialogó con grupos parlamentarios ni con los propios representantes del ente público.

Las reacciones al decreto fueron de indignación y muy virulentas, al calificar la medida de golpe de Estado a la democracia. Es algo sencillamente intolerable y un gravísimo deterioro de la calidad democrática, señaló el socialista Óscar López, quien recordó que el PP, por decreto y con la justificación de un supuesto bloqueo que no es tal, porque ya estábamos negociando, vuelve a la televisión de partido, a la televisión del pasado.

Mientras que Izquierda Unida calificó la medida de nuevo decretazo que demuestra la incapacidad del gobierno para llegar a acuerdos con partido político alguno. Durante la pasada legislatura ya bloqueó la renovación de las instituciones por su incapacidad. Ahora sigue siendo incapaz de llegar a acuerdos y recurre a la peor vía: reformar las leyes vía Real Decreto.

El vocal del Consejo de Administración de RTVE, Miguel Ángel Sacaluga, nombrado a propuesta del PSOE, señaló que es un golpe de Estado en RTVE. El gobierno lo que ha hecho es intervenir la corporación para hundirla.

Por otro lado, Teresa Aranguren, vocal de RTVE, a propuesta de Izquierda Unida, advirtió que esta decisión supone un primer paso para acabar con un modelo de televisión pública exitoso. Mientras que Miguel Santos Ruesga, miembro del Consejo de Administración de RTVE, a propuesta del sindicato Unión General de Trabajadores, añadió: No quiero hablar de golpes de Estado porque no soy político, pero no es buena noticia pensar que el gobierno que goce de mayoría absoluta en el Congreso puede hacer lo que quiera en la televisión y radio pública. De esta manera, las tentaciones de controlar todo se incrementan.