Los jueces encargados de investigar y sancionar delitos cometidos por elementos de las fuerzas armadas contra civiles no tienen que conocer sobre disciplina militar para realizar su trabajo, afirmaron organizaciones civiles de derechos humanos y artistas, que ayer instaron a la Cámara de Senadores a aprobar las reformas al Código de Justicia Militar en los términos que han recomendado instancias internacionales.

Los agravios no son contra la disciplina militar, sino contra individuos, víctimas de perjuicios en sus bienes jurídicos, su integridad. Pretender que existan tribunales o juzgadores especializados implica romper el principio de justicia que debe administrarse de manera igual para todos, señaló Santiago Arriaga, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos y Democracia, resaltó que la petición a los legisladores tiene como origen la necesidad de que el Estado mexicano cumpla con los estándares internacionales y las recomendaciones y sentencias que diversas instancias le han hecho sobre la eliminación del fuero militar.

No es un tema sujeto a negociación, agregó; más bien es obligación del país cumplir con los tres principios indispensables que debe contener la reforma: todas los presuntas violaciones a derechos humanos deben ser investigados y juzgados por la justicia penal ordinaria; desde el principio, la investigación debe estar bajo responsabilidad de funcionarios del fuero civil, con el propósito de evitar la tergiversación de los hechos y la pérdida de evidencias, como se ha visto en varios casos.

Además, los militares que presuntamente hayan cometido abusos no deberían estar sujetos a procedimientos ni normas probatorias especiales ni ser juzgados exclusivamente por miembros actuales o anteriores de las fuerzas armadas.

Ayer, en conferencia de prensa, una decena de activistas y artistas dieron a conocer la carta que enviaron a los senadores Alejandro González Alcocer y Jesús Murillo Karam, presidentes de las comisiones de Justicia y de Gobernación, respectivamente, en la cual afirman que acotar el fuero militar sería el primer paso para armonizar la legislación secundaria a las reformas constitucionales efectuadas el año pasado en materia de derechos humanos.

Por el gremio artístico estuvieron presentes Julieta Egurrola y Bruno Bichir, quienes respaldaron el llamado a los legisladores, porque no podemos quedarnos cruzados de brazos ante el desastre en que se encuentra el país.

Además, señaló Egurrola, es una necesidad como ciudadanos y para que no nos vean sólo como adornos. En el sector artístico también pensamos, sentimos, tenemos hijos y contacto con familiares de víctimas de la violencia.

El caricaturista Rafael Barajas, El Fisgón, uno de los firmantes de la misiva, señaló que al igual que las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, estamos preocupados por lo que pasa en el país y no queremos ser cómplices por omisión.

Indicó que sólo una sociedad que se expresa puede cambiar las cosas, y en este caso se trata de dar un giro a la estrategia calderonista contra el crimen organizado, sobre la que desde un principio se advirtió que tenía errores.

Acerca de la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar presentada por el presidente Felipe Calderón, en la cual planteaba limitar a los delitos de desaparición forzada, tortura y violación, cometidos por militares, que podrían ser investigados y juzgados en el fuero común, Arriaga consideró inaceptable la exclusión de otros abusos, como las ejecuciones extrajudiciales y los allanamientos de domicilios.