El Senado de la República aprobó ayer en comisiones la controvertida reforma al Código de Justicia Militar, que elimina el llamado fuero de guerra y hace posible que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan delitos y violaciones de derechos humanos contra civiles sean juzgados en tribunales federales del orden común.

Durante más de año y medio, los legisladores discutieron y analizaron el tema con los altos mandos de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina en busca de un consenso. Las negociaciones empezaron prácticamente desde octubre de 2010, cuando el presidente Felipe Calderón envió la iniciativa a la Cámara de Senadores.

En esos meses hubo encuentros y desencuentros entre legisladores y representantes del Ejecutivo federal y la propuesta presidencial fue modificada de fondo.

Ayer el ex perredista Tomás Torres comentó que se eliminó la intención de trampear la parte medular de la reforma.

En semanas recientes se intentó establecer la jurisdicción civil en los delitos cometidos por soldados y marinos, pero con jueces castrenses, punto que ayer fue modificado.

Los integrantes de la Comisión de Justicia acordaron hacer una adición al artículo 58 del dictamen, que define la competencia de las autoridades y tribunales civiles del orden federal en los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.

La adición fue que la jurisdicción civil se aplica también en la violación de derechos humanos de militares contra civiles.

Por unanimidad, los senadores de todas las fuerzas políticas acordaron derogar el artículo 435 del Código de Justicia Militar, por el cual se facultaba a los tribunales castrenses a declarar si un delito correspondía al fuero de guerra.

Durante el análisis de la iniciativa se escucharon los planteamientos de organizaciones de derechos humanos, como los del director ejecutivo de Human Rigth Watch, José Miguel Vivanco –quien un día antes se reunió con los legisladores que elaboraron el dictamen–, de eliminar de la legislación el mandato de que jueces y magistrados que conocerán de los delitos cometidos por elementos castrenses fueran abogados especializados en disciplina militar.

Este fue uno de los puntos que más trabaron la reforma, y originó fuertes discusiones con la cúpula castrense.

Hasta la semana pasada, pretendían que los jueces fueran abogados militares en retiro.

El artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quedó con la siguiente redacción: Los jueces y magistrados deberán conocer el marco legal que regula a las fuerzas armadas y su disciplina.

También se reformó el artículo 740 del Código de Justicia Militar, en el que se dejó claro que cuando un juez se declare incompetente para conocer de delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por soldados y marinos, las víctimas, los familiares de estas personas o cualquier ciudadano afectado podrá impugnar esa decisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se modificó la iniciativa de Calderón al eliminar el fuero militar de todos los delitos y no exclusivamente en los de violación, tortura y desaparición forzada, como propuso el Ejecutivo. Asimismo, se reconoció la imprescriptibilidad del último delito.

El senador Torres dijo que es un gran avance, pero advirtió que deben estar atentos para evitar que en el tránsito hacia el pleno el dictamen sea modificado.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, del PAN, confirmó que el dictamen se presentará en primera lectura en la sesión del próximo martes.