Como el resto de las actividades ilícitas, en el caso del tráfico de personas sólo se tendrán avances en la medida en que los gobiernos se decidan a atacar las fuentes de financiamiento de los grupos delincuenciales, advirtió Amado Phillipe de Andrés, representante para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), luego de señalar que se trata de un negocio ilícito que en esta región representa ganancias para el crimen organizado por más de 7 mil millones de dólares al año.

Al clausurar la conferencia internacional sobre el tráfico ilícito de migrantes, llamó a los gobiernos a destinar parte de los recursos incautados a los criminales para destinarlos a elaborar un estudio que permita conocer la situación real de la migración, a efecto de elaborar políticas públicas que contribuyan a resolver este grave problema.

En este punto coincidió el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, quien al participar también en la clausura advirtió que no hay un informe con datos claros para conocer a cabalidad las dimensiones de este fenómeno, que lastima particularmente a mujeres y niños, quienes como migrantes son el sector más vulnerable.

Al hacer un resumen de las exposiciones sobre la implementación del Protocolo contra el rráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, sobre el cual se debatió entre el lunes y el miércoles de esta semana, el representante de Naciones Unidas dice que a 12 años de la ratificación del documento se reconocen algunos avances. Uno de los más relevantes para el trabajo de diseminación y promoción del mismo es el conocimiento de que la mayor parte del tráfico ilícito de migrantes no es perpetrado por organizaciones estructuradas jerárquicamente, sino por redes de menor dimensión, pequeños grupos, pero con mayor especialidad, que cooperan recíprocamente.

Aunque por sus características siguen encuadradas en la definición de delincuencia organizada trasnacional, no se trata de enormes coorporaciones internacionales como las de tráfico de drogas, armas o trata de personas. Tampoco se puede aseverar que existen redes dedicadas exclusivamente al tráfico ilícito de migrantes, sino más bien redes de altos niveles de sofisticación que ofrecen servicios ilegales a otras redes para la facilitación de otros delitos, explicó.

Amado Philip de Andrés enfatizó que entre los retos que enfrentan los países están las insuficientes políticas de prevención y las prácticamente inexistentes acciones de sensibilización e información sobre el delito; carencia de bases de datos e investigaciones sobre el fenómeno y ausencia de estrategias de persecución de los bienes producto del delito, como medida clave para obstaculizar y bloquear la operatividad de las organizaciones criminales.