La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados reformó cinco artículos de la Constitución en materia de fiscalización, para que la Auditoría Superior de la Federación cuente con más atribuciones de evaluación en el cumplimiento de metas de las políticas públicas y pueda presentar acciones penales derivadas de sus resultados y no sólo –como sucede– solicitar a la Secretaría de la Función Pública la apertura de expedientes administrativos contra funcionarios públicos.

La reforma, que será sometida al pleno camaral, también incluye la facultad de fiscalizar los fideicomisos públicos, concesiones o cesiones parciales de bienes del dominio público y proyectos de inversión de cooparticipación público-privada, así como adelantar gradualmente el plazo de la presentación de la cuenta pública a febrero, para que la cámara concluya la revisión en diciembre el año de su presentación y no en septiembre del año siguiente de la entrega, entre otros aspectos.