sto se preguntan defensores de los indígenas evangélicos expulsados de Chilil hace casi tres años: ¿la actual estrategia del gobierno de Chiapas es una trampa, o voluntad de solucionar el conflicto? Cansados de ser objeto del conocido principio burocrático cánsalos y vencerás, quienes del grupo desarraigado de la comunidad Lázaro Cárdenas Chilil, en el municipio de Huixtán, en Chiapas, perseveran en la defensa de sus derechos anunciaron que regresarían a su poblado con o sin la protección de las autoridades gubernamentales de la entidad.

La vocera del grupo, Juana Hernández Cruz, anunció el pasado miércoles 11 que la intención del grupo era retornar a Chilil el lunes 16: explicó el origen del problema y su decisión: Somos originarios de la comunidad de Chilil, en el municipio de Huixtán, pero fuimos expulsados de este lugar hace dos años; somos cuatro familias afectadas y alrededor de 25 personas en total, incluidos varios niños, refirió. En entrevista, explicó que todo este tiempo estuvimos viviendo en San Cristóbal de las Casas en un cuartito que nos rentaron, pero lo que queremos es regresar ya a nuestra comunidad, porque los niños ya están cansados y aburridos, no tienen un espacio donde jugar (El Siete de Chiapas, 12/4).

El asunto ya tiene su historia, incluso ante la flagrante violación de derechos a los indígenas evangélicos la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un duro documento en que cuestiona el papel de las autoridades chiapanecas. De acuerdo con la recomendación de la CNDH (número 53/2010, del 30 de septiembre de 2010), ante la solicitud de auxilio por parte de los agredidos a la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, ésta simple y sencillamente hizo oídos sordos. Sostiene el organismo defensor que no se cuenta con evidencia alguna con que se acredite que esa instancia, con los medios a su alcance, hubiera implementado las acciones pertinentes para evitar que los agraviados fueran expulsados de su comunidad.

La responsabilidad de hacer nada en favor de los expulsados de Chilil va más allá de evadir la protección de los derechos humanos y constitucionales de los disidentes religiosos y civiles del poblado. Éstos y otros indígenas evangélicos con problemáticas similares en otros municipios de Chiapas dan testimonio de que los funcionarios de la oficina de Asuntos Religiosos se empeñan en convencerlos de que deben sujetarse a los acuerdos de las asambleas comunitarias, ya que ellas están protegiendo los valores culturales tradicionales. Sí, eso es lo que hacen, pero el subsecretario olvida que él está para proteger el derecho a la libertad de cultos de forma irrestricta y no para favorecer una visión conservadora de un sector de las poblaciones indias. Porque la diversificación religiosa y cultural es un derecho que están ejerciendo un creciente número de indígenas por decisión propia.

En una sección demoledora para la instancia que dejó crecer la intolerancia religiosa en Lázaro Cárdenas Chilil, leemos que “se contraviene el contenido del artículo 31, fracción 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, en que se establece que el titular de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tiene, entre otras facultades, vigilar el cumplimiento de las normas legales de carácter religioso, así como coordinar la ejecución de los programas de distensión elaborados para resolver las problemáticas de carácter religioso que se susciten en el estado, lo que en este caso no se llevó a cabo, a pesar de que con oportunidad se tuvo conocimiento en esa instancia de la intolerancia religiosa en [Chilil]… Al no adecuarse la actuación de la autoridad del gobierno del estado a los ordenamientos legales referidos, se vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos humanos a la igualdad, la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la libertad de creencia”.

Las condiciones en que los expulsados han debido sobrevivir en San Cristóbal de las Casas son precarias, ofensivas a su dignidad, y sus consecuencias tienen repercusiones físicas y anímicas. Cuando anunciaron su decisión de retornar a Chilil, operadores políticos del gobierno de Chiapas fueron adonde están refugiados para convencerlos de que no lo hicieran. Una de las organizaciones que los ha acompañado en su destierro y defensa legal informa que recibieron pagos de reparaciones el viernes 13 por la tarde y aceptaron un pacto con el gobierno de esperar tres meses más para proveer un retorno sin violencia. Representando a los interesados en la nueva negociación estuvo personal del organismo Puertas Abiertas, cuyo objetivo es proteger a perseguidos evangélicos a causa de sus creencias y difundir globalmente los casos.

Integrantes de la ONG evangélica Voz de los Mártires (VOM) fueron a Chilil a la hora designada para el retorno y comprobaron que la oficina ejidal estaba cerrada por decisión de los tradicionalistas, para no permitir el regreso de los evangélicos. Los 32 de Los Llanos que padecen una situación similar a la de Chilil también firmaron un pacto con el gobierno en mayo de 2011. En agosto recibieron reparaciones de los daños sufridos en su patrimonio y, anota la información proporcionada por Voz de los Mártires, aún están esperando que se cumpla la recomendación 71/2010 de la CNDH, de fecha 30 de noviembre de 2010, dirigida al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero.

Por las experiencias pasadas de en los hechos favorecer a los agresores y administrar el conflicto dándole largas en detrimento de los derechos de los agredidos, éstos se preguntan si el nuevo plazo de tres meses será una triquiñuela o la solución que les haga justicia. Eso mismo nos preguntamos nosotros, y agregamos que ya es hora impostergable de hacer valer las leyes. Nada más, pero nada menos.