yer, un día después de que anunció la expropiación de la petrolera argentina YPF –filial de la trasnacional de origen español Repsol–, el gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner fue objeto de una campaña de linchamiento político y mediático que incluyó presiones del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, condenas de gobiernos nacionales como los de Estados Unidos, Guatemala y México, e incluso críticas tan erráticas como improcedentes de los aspirantes presidenciales Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota.

En España, mientras las autoridades nacionales afirmaban que tomarán medidas claras y contundentes contra Argentina, los principales medios de comunicación de ese país emprendían una virulenta campaña de descalificaciones –expolio, populismo intimidatorio, acción hostil, arbitrariedad, entre otras– en contra de la decisión soberana adoptada la víspera por la Casa Rosada. En tanto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo, durante su intervención en la Región Latinoamérica del Foro Económico Mundial –que tiene lugar en Puerto Vallarta, Jalisco–, que trabajará para revertir la nacionalización de YPF y que golpear a una empresa sin justificación rompe el buen entendimiento que ha precedido a la relación entre su país y la nación sudamericana.

En conjunto, las críticas formuladas desde el país ibérico desacreditan los dichos del propio Rajoy de que su gobierno defiende un modelo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo de las naciones, así como en el bienestar de la gente y las personas. Por el contrario, su actitud confirma que tanto La Moncloa como el poder mediático-empresarial de España actúan en el presente episodio como defensores y agentes de relaciones públicas de una compañía trasnacional. Tal circunstancia es particularmente lamentable en el contexto de una sociedad española postrada por la debacle económica, afectada por la falta de empleo y de recursos fiscales para cubrir necesidades apremiantes en los rubros de salud y educación, y sometida a la aplicación de las desastrosas políticas de ajuste neoliberal: la circunstancia ameritaría mayor atención y sensibilidad social de un gobierno que, en cambio, se concentra en un intervencionismo belicoso contra la autoridad soberana de otro país.

Por lo que hace al nuestro, los señalamientos del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, de que la medida anunciada por el gobierno de Buenos Aires el pasado lunes afecta al patrimonio de los mexicanos, en alusión al porcentaje accionario de Repsol en poder de Petróleos Mexicanos (9.8 por ciento), son doblemente desafortunados: por un lado, porque omite señalar que esa afectación fue promovida y agudizada por la propia administración de la paraestatal, en su desatinado empeño por incrementar su participación accionaria en Repsol, y porque, en todo caso, las fallidas aventuras empresariales de Juan José Suárez Coppel no autorizan al gobierno mexicano a entrometerse en un asunto que concierne única y exclusivamente a los argentinos. Si por principio resulta sumamente grave que nuestro país practique una política injerencista en la nación sudamericana o en cualquier otra, es aún más impresentable que tal actitud esté subordinada a los designios de una nación extranjera y, en última instancia, de una trasnacional.

En suma, la reacción desproporcionada y hostil de una parte de la comunidad internacional –empezando por los gobiernos de España y México– frente a la resolución adoptada por Argentina en defensa de sus recursos naturales y su soberania energética ilustra claramente el poderío que los grandes consorcios privados del orbe han llegado a tener sobre las autoridades políticas en el mundo contemporáneo; un poder que, en este caso, se traduce en una suerte de expropiación de los gobiernos nacionales por intereses corporativos depredadores.