La Cámara de Diputados aprobó ayer la minuta de la Ley General de Cambio Climático, la cual define políticas públicas para reducir las emisiones de carbono, buscar fuentes alternativas de energía, obligar a las empresas a reportar sus emisiones contaminantes a la atmósfera y buscar financiamiento para la sustitución de tecnologías industriales.

Sin embargo, luego de que el Partido del Trabajo (PT) denunció en la discusión del dictamen que se abre la puerta para la privatización del sector eléctrico mediante una redacción que promueve la cogeneración de electricidad, el Partido Verde (PVEM) –impulsor del proyecto junto con el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN)– reconoció que si bien no se toca a Petróleos Mexicanos (Pemex), sí trata de favorecer nuevas tecnologías de producción de electricidad por parte de compañías privadas.

El dictamen resalta que el objeto principal de la ley es el derecho de todos los mexicanos a un medio ambiente sano.

Al respecto, la diputada Laura Itzel Castillo (PT) afirmó que si bien se trata de un proyecto noble, “esconde una intención privatizadora acorde con la promesa del candidato del PRI y PVEM, Enrique Peña Nieto, de privatizar Pemex y el sector energético, cuando en México hay una reserva de energía de 50 por ciento, que se define como la relación entre la capacidad instalada y la demanda de energía.

Esto, agregó, porque sigue privilegiándose la compra de electricidad a productores independientes y se mantienen ociosas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En contraste, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ninfa Salinas Sada (PVEM), afirmó que la reforma busca definir los medios que permitan al país transitar a una economía competitiva, de bajas emisiones de carbono, pero con una visión de Estado que incorpore a todos los sectores de la sociedad con la finalidad de alcanzar el equilibro en el desarrollo económico y la protección al ambiente.

Refirió que después de un largo proceso de negociación, se logró una ley incluyente que respeta las fuentes de trabajo, orienta a la adaptación y a la mitigación del cambio climático, abre ventanas de oportunidades económicas y se cohesiona alrededor de un fortalecimiento institucional y social para afrontar el cambio climático.

Castillo insistió en que la reforma no resuelve el problema del cambio climático en México, y en cambio es un retroceso, porque los instrumentos financieros con bonos de carbón incluidos como incentivos para reducir el consumo de combustibles fósiles. Son algo perverso, y promueve la corrupción, una especie de soborno a los países subdesarrollados para pagar si contaminan menos para que los desarollados sigan contaminando más, explicó.