La Procuraduría General de la República (PGR) acelerará sus negociaciones con diputados y senadores, con el objetivo de que en la actual legislatura aprueben reformas en materia penal que se consideran nodales en la lucha al crimen organizado, y que tienen que ver con lavado de dinero, garantías a testigos protegidos y operaciones encubiertas, además de los proyectos de reformar al Código Federal de Procedimientos Penales.

Mandos de la institución ministerial informaron que para la procuradora Marisela Morales la aprobación de las propuestas legislativas constituyen un legado importante y también forma parte de la puesta en marcha de la llamada reforma judicial, para la aplicación del nuevo modelo de justicia penal, que incluye los juicios orales y un aumento de las penas a casi todos los delitos.

Las fuentes consultadas refirieron que los subprocuradores, de Delitos Federales, Irving Barrios Mojica; de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Alejandro Ramos Flores, y de Delincuencia Organizada (Siedo), José Cuitláhuac Salinas Martínez, serán los negociadores con el Congreso, dada la cercanía y confianza que en ellos tiene la titular de la PGR.

Anteayer La Jornada publicó que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados endureció el proyecto de dictamen sobre el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, al ampliar el catálogo de delitos graves que no requieren orden de aprehensión para detener a quienes presuntamente los hayan cometido. También agregó nuevas atribuciones para agentes infiltrados en la delincuencia organizada.

La Comisión de Justicia, que encabeza el diputado priísta Humberto Benítez Treviño, abrió inicialmente un plazo de dos semanas para recibir observaciones de la propuesta legislativa por parte de grupos sociales y políticos; sin embargo, el periodo se amplió ante el desconocimiento que tenían muchos diputados de los términos de la propuesta de reforma.