arece que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pasó del discurso a los hechos, y ya estaría en manos del Congreso argentino el proyecto de la mandataria tendiente a expropiar, por razones de utilidad pública, cuando menos 50.01 por ciento de las acciones del consorcio privado YPF, filial de la trasnacional española Repsol, con lo que el gobierno de aquella nación cono sureña comenzaría a revertir la onerosa privatización energética del menemismo y paulatinamente retomaría el control estratégico de dicho sector.

Al iniciar el presente mes, La Jornada informó que la petrolera argentina YPF, con capital mayoritario de la española Repsol, enfrenta una inminente intervención o nacionalización del gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner, bajo la acusación de provocar una caída en las reservas en la producción de hidrocarburos por falta de inversión y por destinar entre 80 y 90 por ciento de sus utilidades a ser repartidas entre sus socios y no a la recapitalización de la empresa, según las autoridades. De igual forma, dio cuenta que “YPF alentó la intervención del rey Juan Carlos, quien el primero de marzo cabildeó con la presidenta argentina en favor de la petrolera, además de que la empresa ha interpuesto demandas contra al menos un gobierno provincial por haberle retirado concesiones. Fuentes oficiales aseguraron en Argentina al diario Página 12 que ‘no hay marcha atrás’ en cuanto a que el gobierno tomará el control de la firma. Argentina ha realizado millonarias importaciones de hidrocarburos, que ponen en riesgo las cuentas fiscales y los programas sociales, según el gobierno”.

Pues bien, menos de dos semanas después ambas partes movieron sus fichas. La presidenta Fernández de Kirchner habría enviado al Congreso (donde el partido gobernante cuenta con amplia mayoría) de su país un proyecto para expropiar 50.01 por ciento de YPF, mientras el rey Juan Carlos y el Palacio de la Moncloa, por medio de su ministro de Industria, José Manuel Soria, histéricamente advirtieron que el gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera (y) si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el gobierno de España. Si hay gestos de hostilidad estos traerán consecuencias.

De acuerdo con el diario argentino Clarín, el borrador del proyecto llegó esta mañana a varios legisladores del Frente para la Victoria. Fue antes de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, finalmente consiguiera ser recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vido. Hasta al momento, de todos modos, el texto no llegó a la mesa de entradas del Congreso como proyecto de ley. Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen (presidido por Enrique Eskenazi) y 96.56 millones de Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en 57.43 por ciento a Repsol y en 25.46 por ciento al Grupo Petersen, mientras 17.09 por ciento flota en la bolsa y 0.02 por ciento ya está en poder del Estado argentino.

La valuación de las acciones sería tarea del Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía, y el Poder Ejecutivo procurará acordar con los titulares de los títulos sujetos a expropiación el valor y la forma de pago, que deberá refrendar el Congreso. Si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo. Un punto clave es el relativo al control del consorcio: se prevé la remoción total de la actual directiva de YPF, y se establece que la provincias petroleras tendrán lugar en la nueva composición accionaria en la que también podría haber empresas privadas, en caso de que inviertan por requerimiento de la nueva dirección estatal.

El gobierno español montó en cólera, y al más puro estilo imperial reivindicó su derecho de decidir en las colonias. Ese fue el tono utilizado por Soria. Si Juan Carlos y Mariano Rajoy cuidaran los intereses de los ciudadanos como hacen con los de sus trasnacionales, la población no estaría en las condiciones tan lamentables en que se encuentra por la masacre social que practica el gobierno del Partido Popular. La prensa española, relata Clarín, hablaba esta mañana del que podría ser el peor día de la historia de Repsol en mucho tiempo. Sin embargo, ayer el precio de las acciones de esa empresa reportó un alza de 8.6 por ciento en Wall Street y de 7.4 por ciento en el mercado bursátil de Buenos Aires.

Parece que a Repsol se le cae –o cuando menos se le limita y se le quita el control– el jugoso negocio energético en Argentina (cortesía de Carlos Menem), con lo que eventualmente otras trasnacionales españolas correrían el riesgo de seguir la misma ruta, de tal suerte que Juan Carlos y Rajoy deberán aplicarse para defender los intereses coloniales de sus poderosos consorcios privados (muchos de ellos, por cierto, originalmente propiedad del Estado español).

De acuerdo con el Ministerio español de Industria, las inversiones de capital privado en Argentina rondan los 25 mil millones de dólares y, también gracias a Menem, sus trasnacionales ocupan el primer lugar en los sectores petrolero, financiero y de las telecomunicaciones, al tiempo que mantienen fuerte presencia en transporte, construcción, alimentos, recursos humanos, e industrias automotriz y editorial, sin olvidar moda y decoración. Sólo hay que recordar el comportamiento de los bancos españoles (y de Juan Carlos, desde luego) en la crisis financiera argentina de 2001 y su actuación en el llamado corralito. La propia institución reconoce que en los últimos años (Argentina) ha perdido atractivo como destino de nuevas inversiones (españolas), debido, principalmente, a que prácticamente ya no hay bienes y servicios públicos que privatizar.

El caso del país conosureño es emblemático del devastador efecto privatizador en América Latina, de tal suerte que los supuestos dirigentes mexicanos, antes de comprometerse a modernizar y capitalizar (léase redondear la privatización) al sector energético, deben mirarse en el espejo argentino.

Las rebanadas del pastel

Es indignante: una vez más, alguien derrumbó la posibilidad de que Mexicana de Aviación regrese al aire y sus 8 mil 500 trabajadores a su empleo. Diecinueve largos meses han transcurrido, y nada. Mientras, los responsables de este verdadero desmadre se mantienen tan campantes: uno, intocado, en el jugoso negocio hotelero (Gastón Azcárraga), otro preparándose para el fuero senatorial (Javier Lozano) y uno más escondiéndose tras las faldas de quien dice ser La Jefa (Juan Molinar Horcasitas).

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