pesar del número creciente de manifestaciones de descontento en las calles de Grecia, España, Francia, Italia, los gobiernos europeos siguen convencidos de que la única manera de salvar al euro y a la Unión Europea (UE) es imponiendo medidas de austeridad irreversibles. ¿Pero a qué precio, y en beneficio de quién? Nos dicen que las conquistas sociales como la seguridad social, las jubilaciones, los servicios públicos, grandes logros del siglo XX, son hoy el mal absoluto y que la única salvación es la destrucción programada del modelo social europeo
para garantizar un mínimo de estabilidad macroeconómica.
Hasta la caída del Muro de Berlín, el proyecto europeo se construyó combinando el libre mercado con políticas sociales, lo que hizo de la construcción europea un modelo exitoso muy original. Las políticas sociales eran de la competencia de cada Estado y los menos ricos recibieron importantes subsidios por medio de mecanismos de solidaridad como los fondos de cohesión social (Fondo Social Europeo, Fondo de desarrollo regional FEDER). Los logros fueron muy concretos en todos los países de la Comunidad Europea de 1957 a 1990.
Con el fin de la guerra fría dos acontecimientos modificaron totalmente la naturaleza del proyecto europeo: la reunificación de Alemania y la ampliación al este de la Unión Europea. En primer lugar la Alemania reunificada se volvió el gigante económico de Europa. Con el fin de evitar que el marco alemán se impusiera como moneda de referencia en Europa se decidió con el Tratado de Maastricht en 1992 la creación del euro como moneda única europea. Kohl aceptó, pero puso como condición la autonomía del Banco Central Europeo y se opuso a la creación de un gobierno económico europeo. Hoy vemos las consecuencias de este acuerdo, que deja a Alemania las manos libres para imponer su política a todo el continente, con el apoyo de Francia. En segundo lugar, la ampliación precipitada de la Comunidad Europea al este, bajo las presiones de Estados Unidos, cambió radicalmente la esencia del proyecto europeo. Estados Unidos tenía prisa para consolidar su ventaja frente a Rusia. Los países ex comunistas fueron invitados a incorporarse de inmediato a la OTAN en los años 90, y en seguida a la UE en los años 2000: seguridad militar y estabilidad económica eran los dos pilares de esta estrategia trasatlántica concebida en Washington. En este contexto, la incorporación de nuevos miembros en un gran mercado, sin límites geográficos o históricos y sin un verdadero contenido social, marca una ruptura definitiva con la idea original de la integración europea.
La cumbre europea del 9 de diciembre pasado tomó decisiones históricas en este sentido. Las medidas técnicas que se venían discutiendo desde que empezó la crisis de la deuda soberana, en 2008, se encuentran en dos nuevos tratados europeos aprobados en esta cumbre: el Mecanismo europeo de estabilidad, entre los 17 países de la zona euro, y el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernancia de la Unión Económica y Monetaria, entre los miembros de la UE menos Gran Bretaña y la República Checa. Estos tratados, firmados el 2 de febrero y el primero de marzo, se incorporarán al Tratado de Lisboa a partir de 2013. Todos los países tendrán que modificar su Constitución para incorporar la regla de oro
, disposición que prohíbe un déficit público estructural
superior a 0.5 por ciento del PIB, y que de hecho obligará a los gobiernos a someter a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario sus proyectos de presupuesto anual antes de mandarlo a discusión a sus respectivos parlamentos. Además, la Comisión Europea podrá pedir a la Corte de Justicia Europea fuertes castigos a los países que no cumplan con estas reglas. Jamás en la historia de la UE hubo tal pérdida de soberanía de sus miembros. Con estas reglas inscritas en sus constituciones los gobiernos y parlamentos no podrán salir nunca de las políticas de austeridad y de recesión impuestas desde el exterior y no tendrán margen para promover políticas sociales y servicios públicos. Es la negación de la política. Por lo tanto, la crisis financiera tiene como consecuencia un retroceso vertiginoso de la democracia, la imposibilidad de un verdadero debate político derecha/izquierda y la capitulación de los estados frente a mercados financieros anónimos, voraces y cortoplacistas.
Veremos en los próximos meses, con la entrada en vigor de estos tratados, si los ciudadanos europeos están dispuestos a sacrificar en el altar de la ideología ultraliberal las conquistas políticas, económicas y sociales que lograron en siglos de lucha. Muchos economistas piensan que existen otras opciones en beneficio de los ciudadanos y que la austeridad anunciada es el peor de los remedios.