Madrid, 12 de abril. Sor María pertenece a la congregación de las Hermanas de la Caridad, tiene 87 años y está vinculada a una extensa red de tráfico de niños. A pesar de su hábito y avanzada edad, esta monja católica tiene en sus espaldas un largo historial de vidas destrozadas y familias desmembradas, al ser una de las presuntas responsables del robo de mil 500 recién nacidos.

Según su tétrico sistema, aseguraba a los padres que los niños habían nacido muertos, llegó incluso a fingir sepelios, mientras entregaba a los pequeños a otras familias a cambio de dinero. En ocasiones su motivación también era de carácter ideológico, al acusar a las madres que despojaba de sus hijos de adúlteras.

María Luisa Torres es la ciudadana española que presentó la primera denuncia que prospera en los juzgados sobre la conocida trama de los niños robados, un compleja red criminal que se remonta a los años de dictadura de Francisco Franco (1938-1975) –en ese entonces con el afán de aniquilar el germen de los rojos y marxistas– y que con el tiempo se convirtió en un negocio en el que participan por igual religiosos, médicos y funcionarios públicos.

Torres explicó a La Jornada entre lágrimas y a las puertas del juzgado que su historia se remonta a 1982, cuando acudió a la clínica Santa Cristina, de la calle O’Donnell de Madrid, para ser asistida en el parto de su hija. Unos minutos después de nacer la pequeña, sor María, cuyo nombre oficial es María Gómez Valbuena, se acercó a ella y le dijo que le tenía que entregar a su hija por adúltera. La amenazó y la sometió a una serie de coacciones que terminaron con su hija en brazos de otros padres.

No era un caso aislado ni una práctica desconocida para mucha gente. En aquellos años, como herencia de la dictadura, se seguían registrando casos de bebés robados en las maternidades; en muchas ocasiones los recién nacidos eran dados por muertos o arrebatados a sus madres con distintas amenazas. De hecho, el primer censo que ha realizado la asociación SOS Niños Robados calcula que serían más de 30 mil casos entre 1950 y 1990, cuando se supone que finalizó esta amplia red de tráfico de menores que tenía como eje de su actuación diversas órdenes religiosas que operaban en hospitales, centros de asistencia y escuelas.

A pesar de que los casos suman 30 mil, se han presentado mil 500 denuncias. Y la primera imputada y procesada en un juzgado penal es sor María, quien se presentó ante los juzgados de Plaza Castilla en un vehículo Mercedes Benz, protegida por un amplio dispositivo de seguridad policial, acompañada siempre de otra monja –ambas vestían sus hábitos de religiosas– y se negó a responder al juez, a los periodistas y a las víctimas de sus delitos. De hecho, madres e hijas que sufrieron por los crímenes de la religiosa y sus cómplices les esperaron a la salida y al sentirse impotentes al recibir empujones de los policías que protegían a sor María, estallaron en gritos de rabia: sinvergüenza, guarra, criminal y mal nacida fueron algunos de los insultos que escuchó la religiosa, que ni siquiera miró a la cara de sus víctimas y se subió al lujoso vehículo para volver a su convento de clausura.

Horas después de abandonar los juzgados y negarse a responder preguntas del juez, la religiosa rompió el silencio con una carta abierta en la que advertía que son completamente falsos los hechos que me atribuyen en la denuncia. Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica bajo coacciones y amenazas.

El pasado 3 abril, Torres, la madre que presentó la denuncia contra la religiosa, explicó al magistrado los pormenores del caso, que la insultó, la amenazó y la llamó adúltera antes de robarse a su hija. Y que desde entonces no ha cesado en su empeño de buscarla y recuperar su vida. La fiscalía está a la espera de obtener los resultados de ADN de dos exhumaciones realizadas en el cementerio de la Almudena y que podrían destapar posibles irregularidades en dos casos más, también vinculados a sor María y sus responsabilidades en el citado hospital.

Según las investigaciones de los afectados y de las asociaciones que se han creado para destapar esta red de secuestro masivo de niños, los primeros casos se dieron en la década de 1940, cuando la dictadura entraba a las cárceles para localizar a las mujeres embarazadas y robarles a sus hijos después de que les dieron de comer los primeros días. Luego se los llevaban sin dar explicaciones o les decían simplemente que el niño había muerto. Y nunca más lo volvían a ver.

Una de las regiones donde más se desarrolló esta práctica fue el País Vasco y se prolongó hasta finales de los 80, con casos como el de Adela Carrasco, cuando al morir y ser enterrada en el nicho familiar, sus hijos se dieron cuenta que había irregularidades en la supuesta muerte de un hermano presuntamente fallecido al nacer. Ahí se descubrió un eslabón crucial de esta compleja red, en la que son investigados respetados médicos, hospitales y numerosos centros religiosos, como el de sor María, cuya congregación, las Hermanas de la Caridad, le pagan los servicios de uno de los bufetes de abogados más caros de la ciudad.