Técnicos del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y asesores de la UNAM y del IPN encontraron casi una treintena de deficiencias en la urna electrónica de la empresa Pounce Consulting, que no permitirían dar certeza a los ciudadanos sobre la emisión de su voto.

Esto, aunado a los retrasos en los plazos de entrega, fue determinante para que el instituto decidiera rescindir el contrato suscrito con esa compañía, por más de 33 millones de pesos, para la fabricación de mil urnas electrónicas.

Delia Guadalupe del Toro, titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral del IEDF, afirmó que esta decisión en nada afecta la elección del próximo primero de julio ya que se tenía prevista esa eventualidad y en su lugar se utilizarán urnas convencionales y está en marcha el proceso de notificación y capacitación de los ciudadanos que fueron insaculados para ser funcionarios de casilla.

Con expediente en mano, Del Toro y los secretarios ejecutivo y administrativo del órgano electoral, Bernardo Valle y Samuel Cervantes, respectivamente, así como el titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, Jaime González Amaro, expusieron las situaciones que se presentaron durante el proceso de adquisición de las urnas, como los retrasos en que incurrió la empresa para entregar, el 15 de febrero, las primeras 50 unidades. Entregó una el 25 de marzo y otras 49 el día 31, cuando el 15 de marzo debía entregar 450.

Informaron que junto con el procedimiento de rescisión administrativa del contrato, el pasado 9 de abril, comenzaron también los trámites para recuperar el anticipo que pagó a Pounce Consulting por 10 millones 130 mil 280 pesos, mediante la fianza que la empresa había depositado en garantía.

La compañía había depositado, además, otra fianza por más de 3 millones 300 mil pesos, equivalente a 10 por ciento del total del contrato (29 millones 110 mil pesos, más 4 millones 657 mil 600 de IVA, para un total de 33 millones 767 mil 600 pesos), garantía que el IEDF hará efectiva para el cobro de las penas convencionales establecidas en el contrato.

Desde el 30 de marzo, el IEDF envió a la empresa los resultados de la inspección realizada a la urna con asesores de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón (FES Aragón) y Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM y el Centro de Investigación en Computación (CIC) del IPN, en los que se resumían 29 inconsistencias, por lo que no suscribió el dictamen de procedencia de recepción de dichas 50 urnas.

El 9 de abril, el mismo día que el IEDF comenzó la rescisión del contrato, la empresa acudió a una correduría pública para certificar su intención de rescindir el contrato con el IEDF de forma extrajudicial, argumentando el incumplimiento en el pago de 6 millones 753 mil 520 pesos y en el cual anticipa que, además de requerir dicho cobro al órgano electoral, reclamará el pago de daños y perjuicios y la cancelación de las fianzas.