Ante múltiples cuestionamientos de asambleístas de PAN y PT, el pleno de la Asamblea Legislativa enmendó a última hora los errores en el dictamen mediante el cual se crea la nueva ley de prestación de servicios inmobiliarios del Distrito Federal, que busca regular empresas y agentes inmobiliarios para evitar fraudes y engaños a quienes adquieran una vivienda.

La oposición a la norma obedecía a que en el articulado se incluía a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) como entidad de certificación para poder desempeñarse en ese ámbito, e incluso, se planteaban sanciones a quienes ejercieran esta actividad sin estar en un padrón del gobierno capitalino, lo que para panistas y petistas era una acción inconstitucional, que atentaba contra el derecho al trabajo.

El panista Carlo Fabián Pizano se manifestó en contra, entre otras razones, por considerar que la Asamblea Legislativa no es competente para legislar en la materia, pero también porque se beneficiaba a una asociación que no está acreditada como perito en esa especialidad.

Su compañero de bancada, el diputado Juan Carlos Zárraga, afirmó que la propuesta enviada por el Ejecutivo local había sido redactada por la AMPI, que sencillamente había hecho un traje a la medida, en el que sería juez y parte.

A él lo secundó la petista Ana Estela Aguirre, quien destacó que si bien es pertinente una ley en la materia para evitar abusos y fraudes inmobiliarios, también es necesario no renunciar a que sean las instancias gubernamentales las que capaciten y certifiquen a los profesionales del ramo.

Concluido el debate, el pleno de la Asamblea Legislativa hizo las enmiendas correspondientes. Se convino en eliminar a la AMPI del consejo que certificará a las empresas y agentes inmobiliarios, y se abrió la posibilidad de que dos representantes de agrupaciones de este ámbito sean integradas a petición de la autoridad competente.

También se eliminaron las sanciones para aquellos profesionales inmobiliarios que no estén inscritos en el padrón, que estará a cargo de las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), con lo que el registro será voluntario. Ya dependerá del usuario decidir si hace tratos con un agente o empresa que esté avalado por las autoridades o no, expresó el diputado del PRD David Razú.

Las empresas y agentes del ramo deberán cubrir una serie de requisitos para que sean certificados e incluidos en un padrón, después de lo cual se le expedirá una cédula.

Luego de haberse aprobado una serie de dictámenes, la sesión fue suspendida ya por segunda ocasión consecutiva por la falta de quórum, a pesar de que apenas se había desahogado la mitad del orden del día.

Ante ello, diputados del PRD pidieron que se les descuente el día a los que no estaban presentes e instaron a quienes se estén postulando a algún cargo político a pedir licencia, pues con sus ausencias obstaculizan el trabajo legislativo.

A propósito, el diputado del PVEM José Alberto Couttolenc dejó su curul en la ALDF, por motivos personales y en su lugar dejó a su esposa, Mariluz Buentello de la Garza, quien fungía como su suplente.

Antes, los asambleístas guardaron un minuto de silencio en memoria de los estudiantes de la UNAM que fallecieron en un accidente en la carretera México-Toluca.