n río revuelto, ganancia de pescadores, dice el adagio, y en el México electoral eso es precisamente lo que sucede. Con los ojos puestos en las campañas, atentos a los dislates, carencias y propaganda hueca de los candidatos, parece que no muchos se interesan o se enteran de lo que sucede en el país más allá de los discursos fatuos, las propuestas sin sustento, las encuestas copeteadas y las noticias trucadas con miras al próximo primero de julio. Y como parece que eso es lo único que importa, los de siempre hacen y deshacen, y toman para sí lo que le corresponde a la nación y sus habitantes.

No es el único, desde luego, pero un ejemplo palmario de lo anterior se observa en el estado de Zacatecas –región minera por excelencia–, sin que prácticamente nadie se interese, y mucho menos intente evitar la depredación en contra de la comunidad de Salaverna, con sus cerca de 320 habitantes, la cual será reubicada a 8 kilómetros de la cabecera municipal de Mazapil, por cortesía de la minera Frisco-Tayahua (del Grupo Carso, de Carlos Slim), que explota minerales como plata, plomo, cobre y zinc, y “se encuentra en espera de expandir su área de jurisdicción para ya no sólo explorar el subsuelo, sino abarcar toda la comunidad –desapareciéndola– al realizar un proyecto a cielo abierto”. Todo ello, desde luego, con la venia y el aplauso del gobierno federal.

La Jornada Zacatecas (Carlos Alberto Navarrete) ha documentado y denunciado que la citada “es una historia que se comenzó a gestar hace aproximadamente tres años, entre las manifestaciones de quienes defendían su tierra y los que abogaban por la reubicación. El corporativo ganó y se dedicó a construir un complejo habitacional de 90 casas para darles vivienda a cerca de 60 familias que habitan en el ahora ‘viejo’ Salaverna. Aparentemente ya está todo listo para la reubicación en el ‘nuevo’ Salaverna, pero las casas construidas no cuentan con servicios de electricidad, agua potable y drenaje, informó José Luis Baena, miembro de la Asociación de Zacatecanos de Nuevo León, antiguo poblador de la comunidad mencionada”.

La propia fuente detalló que “ya quieren cambiar a la gente, ya están las casas, pero no los servicios básicos. En dos semanas quieren mudar a las familias del ‘viejo’ poblado, unas 20 personas ya aceptaron, por lo que les dieron las llaves de las casas, pero sin escrituras notariadas. En cuanto a las autoridades, José Luis Baena señaló que hasta el momento el presidente municipal, Mario Macías Zúñiga, no se ha presentado en el lugar, sino que ha mandado a personal del ayuntamiento, que arguye que esta reubicación se realiza en beneficio de la gente de todo el municipio, ya que habrá más trabajo y vivienda. El patrimonio arquitectónico del ‘viejo’ Salaverna, como la iglesia, la plazuela y la casa del peregrino, serán demolidos en pos de la explotación mineral”.

Casi cuatro años atrás, los habitantes de Salaverna exigieron que se les respetara la propiedad de sus casas, quienes por varias generaciones ocuparon esta región árida, pero se impuso la empresa. La Jornada Zacatecas detalla que hace unos meses, Roberto de la Rosa, delegado municipal en Salaverna, mencionó que la compañía minera derribó las casas de la loma, pero las viviendas de los terrenos más bajos también desaparecerán. Dijo que al iniciar el proyecto Frisco-Tayahua dio a conocer que sería una mina subterránea, pero las cosas cambiaron y la explotación del mineral será a cielo abierto. No hay datos precisos sobre la fundación de Salaverna (que significa la antesala del infierno), aunque se calcula que los primeros pobladores llegaron entre 1916 y 1917; en el siglo pasado la comunidad tuvo un auge minero, que decayó a partir de 1960.

Las viviendas (techos de lámina) que habitaban las familias eran propiedad de las empresas y fueron cedidas como parte de las prestaciones a los trabajadores. Cuando las compañías mineras se fueron de esas tierras no dejaron títulos de propiedad o escrituras, lo que aprovechó Frisco-Tayahua para apropiarse de al menos mil 200 hectáreas, donde se prevé que hay un yacimiento de oro y plata que podría ser el más rico del mundo, mayor que el tajo minero de Peñasquito, ubicado a más de 20 kilómetros, el cual es explotado por la compañía canadiense Goldcorp.

En octubre de 2010, legisladores del estado, instituciones del gobierno zacatecano, y hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, anunciaron que investigarían el intento de despojo y corroborarían la marginación y explotación que viven los habitantes de Salaverna. Nadie conoce los resultados de la supuesta investigación. En cambio, el delegado municipal de Salaverna, Roberto de la Rosa, denuncia que volvemos a los tiempos de la conquista; a nuestros antepasados los engañaron con un espejito, y a nosotros nos quieren hacer lo mismo. Nunca hubo negociaciones; ellos (la empresa minera) nunca propusieron, siempre se impusieron, hicieron las nuevas casas donde ellos quisieron sin tomar en cuenta a la comunidad y, pues no, ahora quieren que nos vayamos para allá, porque ya se les vino el tiempo encima, pero esa área no tiene iglesia, el Seguro Social les paró la obra que tenían porque no les gustó la calidad del material que estaban metiendo, áreas de deporte no hay. Nuestras propuestas desde un principio siempre han sido un Salaverna como está Salaverna, con todos sus espacios como están, con sus perímetros como están; o en su defecto, si no nos daban eso, que nos dieran solares de 50 por 50 o lo que teníamos construido en cada casa.

La propuesta de Frisco-Tayahua se limita a una casa por familia con tal de que abandonen su predio, pero es una casa que se reduce a 200 metros con 90 construidos; en otro caso nos dan 300 mil pesos, pero sin casa; la otra es valuar nuestra casa y, según lo que salga, eso nos dan. La empresa reduciría los actuales espacios comunitarios de 20 a seis hectáreas. A la gente que han sacado lo han hecho con engaños y amenazas, de modo muy arbitrario. O aceptas o te quedas sin casa y sin empleo, ha sido una de ellas. Al que no se quiera salir le van a echar a los federales, advierte el consorcio. La empresa había dado como plazo el 15 de abril para desalojar por completo la comunidad, pero todavía hay cerca de 50 familias que no se han movido. Es un pleito muy disparejo, porque están hablando con gente que no sabe absolutamente nada de derecho.

Las rebanadas del pastel

Casos similares se registran en buena parte de la República concesionada a los corporativos mineros nacionales y foráneos. ¿De plano somos incapaces de atender y denunciar varios asuntos a la vez, proceso electoral y algo más, al mismo tiempo?

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