Querétaro, Qro., 8 de abril. El presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Abraham González Martell, se propuso como ejecutor de obra pública a pesar de que integra el Comité de Selección de Contratistas, el cual es el órgano encargado del proceso de selección de candidatos a realizar obra pública en la entidad en la modalidad de invitación restringida.

Además, según los documentos de la Comisión Estatal de Caminos (CEC) que emitió la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFEQ), correspondiente al segundo semestre de 2010, entre los contratistas o prestadores de servicios destacan varios integrantes de la CMIC, entre ellos Abraham González Contreras, padre del presidente de dicha cámara empresarial.

La ESFEQ detalló que según el acta ASC/039/2010 de la sesión del Comité de Selección de Contratistas, celebrada el 3 de junio de 2010, “la CMIC propone a los contratistas 52 y 1746, siendo que el contratista 52 se refiere precisamente a una compañía del presidente de la misma cámara.

Es decir, los integrantes del comité deberán abstenerse de proponer a contratistas con los cuales existe interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con los cuales tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de los que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

En el documento se indica que González Martell participó como ejecutor de la obra denominada mantenimiento con riego de sello del kilómetro 0+000 al al Km 20+000, Carretera Estatal No. 540, Querétaro-Chichimequillas, Querétaro, El Marques, Qro, mediante el contrato de obra pública a precios unitarios que él mismo se propuso como edificador.

Además, entre las 28 observaciones que realizó la entidad fiscalizadora destaca que hubo omisión para integrar el padrón de proveedores, aunque celebró contratos con nueve; además admitió como proveedores a quienes no acreditaron solvencia económica y capacidad para la producción o suministro de mercancías, entre los que se destaca el prestador de servicios Abraham González Contreras.