Motivo de debates y fricciones entre senadores y la cúpula castrense durante los últimos 18 meses, la reforma al Código de Justicia Militar, que permite eliminar el fuero a elementos del Ejército y la Armada que hayan violado derechos humanos de civiles, se discutirá en comisiones al regreso de las vacaciones de Semana Santa.

Es un intento por lograr que se apruebe antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer, dijo que dieron tiempo para modificar el dictamen y afinar puntos en los que aún hay desacuerdo. Dado lo delicado del tema, se puede generar un problema tanto con los militares como con los defensores de derechos humanos. Precisó que será el próximo miércoles 10 cuando se reúnan las comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos para tratar de lograr finalmente el acuerdo.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Felipe González, consideró que sería grave que esa reforma quedara pendiente hasta la próxima legislatura, que se inicia en septiembre.

En octubre de 2010, el presidente Felipe Calderón envió al Senado la iniciativa para eliminar el fuero militar, a fin de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso de Rosendo Radilla, guerrerense desaparecido durante la guerra sucia a manos de integrantes del Ejército.

Se iniciaron entonces pláticas con el alto mando de las secretarías de la Defensa y de Marina, que en todo momento se opusieron a que se juzgue en tribunales civiles a los militares responsables de violación de derechos humanos de ciudadanos.

A mediados de marzo, González Alcocer presentó un proyecto de dictamen que recogía parte de los acuerdos con el PRI y el PRD y modificaba la iniciativa de Calderón, en la que sólo se incluían tres delitos –desaparición forzada, violación y tortura– por los que se eliminaba el también llamado fuero de guerra.

El dictamen señala que los miembros de las fuerzas armadas responsables de delitos contra civiles serán juzgados por tribunales federales especializados en materia castrense. De encontrarse culpables, purgarán sus condenas en prisiones militares. Fue un acuerdo consensuado con la cúpula de Sedena y Marina.

Sin embargo, ni el priísta Jesús Murillo Karam, quien estuvo al frente de las negociaciones, ni organizaciones defensoras de derechos humanos estuvieron de acuerdo con la redacción del artículo 57 del Código de Justicia Militar, toda vez que no señala con claridad la desaparición del fuero.

González Alcocer reconoció que ese artículo no es claro y por ello se decidió buscar una mejor redacción, aceptada por todos los grupos parlamentarios. No quiero una cosa que después vaya a ocasionar problemas.

Detalló que la discusión está en si los delitos de militares pueden conocerlos también autoridades del fuero común. No estoy convencido de eso, creo que tratándose de servidores públicos federales deben ser autoridades federales las que los juzguen.

González Alcocer precisó que del proyecto de dictamen se eliminó la prescripción de 35 años en el delito de desaparición forzada, que había sido objetada por perredistas, defensores de derechos humanos y la senadora Rosario Ibarra.