Por medio de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos empezó un proyecto de prevención del crimen y la violencia –de 30 meses de duración–, con el propósito de “fortalecer la capacidad de México para desarrollar y comunicar políticas de prevención del delito a escalas federal, estatal y de comunidad.

El apoyo a las localidades contribuirá al diseño y la aplicación de planes de prevención del crimen, planificación urbana y social y vigilancia comunitaria.

De acuerdo con un documento del Departamento de Estado, Washington “sigue comprometido a ayudar al gobierno mexicano a perseguir a los cárteles y al crimen organizado, así como la corrupción que estos generan”, basándose en los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la independencia soberana, y enfatiza en que los esfuerzos de los dos países han creado la confianza que transforma la relación bilateral.

En el esfuerzo de asociación entre ambas naciones para luchar contra el crimen organizado y la violencia que genera, y a la vez fomentar el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho –agrega el texto–, Estados Unidos ayuda a fortalecer las instituciones mexicanas de aplicación de la ley mediante capacitación para unidades acreditadas de policía estatal en tres estados prioritarios de México: Chihua- hua, Tamaulipas y Nuevo León, además de que con fondos de la Iniciativa Mérida el gobierno de México estableció una academia para entrenar a personal correccional –federal y estatal– en Jalapa, Veracruz.

Los esfuerzos bilaterales se aceleran para apoyar las instituciones de México, especialmente la policía y los sistemas de justicia a escalas federal y estatal; ampliar nuestro enfoque en la frontera más allá de la interceptación de contrabando para incluir la facilitación del comercio y los viajes legítimos, y construir comunidades fuertes y resistentes a las presiones del crimen y la violencia.

Esto, a partir de fuertes asociaciones para mejorar la seguridad ciudadana en las áreas afectadas, a fin de combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de armas ilícitas, el lavado de dinero y la demanda de drogas en ambos lados de la frontera.

El documento hace referencia a los cuatro pilares que sostienen dicha iniciativa: “perturbar a los grupos del crimen organizado, fortalecer las instituciones, construir una frontera del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resistentes; detalla que desde 2008 se han asignado mil 600 millones de dólares para aspectos específicos, como la movilidad aérea de México en operativos antinarcóticos, y otras acciones de seguridad aumentaron debido a la entrega de múltiples aeronaves para entidades de aplicación de la ley y militares.

Asimismo, apoyo a la aplicación en México de reformas completas del sector de justicia mediante la capacitación de fiscales, defensores, investigadores y expertos forenses, así como mediante intercambios judiciales y asociaciones entre facultades de derecho de México y Estados Unidos.

Con el financiamiento se crearon 12 Centros de Justicia Alternativa y se reforzaron otros 48.