l pasado fin de semana, 40 países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) –entre los que destacan los 27 estados que integran la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y México– suscribieron una protesta conjunta en contra del gobierno de Argentina por la aplicación de medidas restrictivas al comercio
. El correlato de esa queja es la decisión de Buenos Aires de incrementar, a partir de 2008, diversos mecanismos para desincentivar las compras al exterior por su economía, como las llamadas licencias no automáticas de importación, las declaraciones juradas anticipadas –que ordenan a los importadores declarar y justificar ante las autoridades el ingreso de productos y mercancías– y, más recientemente, la exigencia a socios comerciales de compensar cada dólar importado con la compra de producción local y exportaciones.
Las medidas restrictivas implantadas por Argentina deben verse en el contexto de los empeños legítimos del gobierno de Buenos Aires por proteger la producción local, salvaguardar sectores estratégicos de su economía, garantizar un equilibrio en su balanza comercial, procurar el ingreso de divisas y protegerse, en esa medida, de los movimientos arbitrarios de capitales financieros trasnacionales y de una fuga de capitales puesta en práctica desde hace años por la oligarquía local, elementos capaces de socavar políticas orientadas a promover la equidad distributiva y resguardar a las poblaciones de las bruscas oscilaciones de los mercados mundiales.
Las decisiones argentinas son reflejo, pues, de las dificultades que experimentan los gobiernos nacionales por recuperar, en el contexto mundial presente, la soberanía económica perdida en el curso del ciclo neoliberal que se abatió sobre toda la región y al que aún se aferran unos cuantos gobiernos, el de México entre ellos.
En la lógica impuesta por el llamado Consenso de Washington –según la cual la apertura indiscriminada de las fronteras comerciales es indispensable para el desarrollo nacional–, resulta casi sacrílego, como señaló en su momento Cristina Fernández, que un gobierno busque fijar restricciones al comercio internacional, así sea para salvaguardar a su población. Pero si algo ha distinguido a la Argentina contemporánea es su experiencia en la aplicación de medidas consideradas heterodoxas, como queda de manifiesto con la conducción macroeconómica del gobierno de Buenos Aires tras la suspensión de pagos de su deuda soberana, hace una década, que hasta ahora se ha saldado con tasas de crecimiento económico de 8 por ciento anual en promedio, a contrapelo de las advertencias fatalistas emitidas en su momento por los centros de poder financiero mundial, y a pesar de la marginación de ese país de los mecanismos de crédito internacionales.
Por otra parte, es inevitable contrastar la protesta presentada ante la OMC con los subsidios y las amplias medidas proteccionistas que suelen poner en marcha las naciones ricas para salvaguardar a sus productores nacionales. Significativamente, en la actualidad, los dos miembros de la OMC con más quejas en contra por trabas al libre comercio son precisamente Washington y Bruselas, y ello permite ponderar la doble moral con que se conducen los dos principales impulsores de la presión multinacional contra la política comercial de Buenos Aires.
En suma, los elementos de juicio mencionados ponen de manifiesto la necesidad de proseguir la búsqueda, por los gobiernos nacionales, de mecanismos que resguarden a sus países y a sus poblaciones de las consecuencias del libertinaje mercantil, por más que ello implique recurrir a medidas satanizadas por el desacreditado dogma neoliberal aún vigente.
