La recién aprobada Ley Federal de Justicia para Adolescentes tiene algunos avances en el tema de los menores de edad en conflicto con la ley, pero en el fondo sigue reproduciendo la misma visión punitiva que pone más énfasis en el encarcelamiento de los infractores que en los mecanismos de prevención del crimen mediante políticas públicas, señalaron activistas de derechos humanos.

Juan Martín Pérez García, presidente ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), consideró que a más de 20 años de la firma de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, era urgente actualizar la legislación nacional sobre el tema, pero al mismo tiempo advirtió que esta reforma mantiene un enfoque centrado en el castigo, más que en la prevención.

A escala internacional, explicó, cada vez gana más terreno la idea de que los menores infractores deben ser considerados víctimas de un entorno social desfavorable, y en ese sentido privarlos de la libertad no es un castigo, sino una forma de neutralizar las redes sociales negativas que los llevan a transgredir la ley, aunque ésta debe considerarse siempre como la última opción y por el menor tiempo posible.

El problema, de acuerdo con Pérez García, es que en México el encarcelamiento de niños y adolescentes no tiene ese carácter precautorio, sino que se utiliza como un castigo que lleva a 80 por ciento de quienes lo han sufrido a reincidir en algún delito.

Además, la citada ley no profundiza en el tema de las políticas sociales que puedan servir como forma de prevención del crimen. Es muy lamentable que el Congreso legisle de espaldas a la sociedad, porque nunca aceptaron iniciar un proceso de diálogo y consulta con especialistas, académicos y organizaciones internacionales, deploró.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, coincidió en que la iniciativa demuestra el empecinamiento del Estado mexicano en aplicar estrategias punitivas en contra de los delincuentes, en vez de atacar de raíz las condiciones sociales y económicas que los llevan a violar las leyes.

Además, indicó, la posibilidad de llevar a más gente a la cárcel podría abonar al colapso del sistema penitenciario nacional, de por sí saturado y en crisis, ya que cada reo le cuesta hoy al erario entre 200 y 2 mil pesos al día.

Quieren rebajar la edad penal sin tomar en cuenta la madurez sicológica del menor, o sin considerar que hay miles de jóvenes expuestos a ser usados por los grupos delincuenciales, porque el Estado mexicano no les garantiza condiciones dignas y decorosas, advirtió.